«El imperativo de Legitimar el sistema jurídico y el derecho en la sociedad, requiere coherencia y respeto a los DD.HH». Por Ernesto Vásquez

Sep 22, 2020 | Opinión

Ernesto Vásquez B. Exfiscal. Licenciado y Magíster en Derecho U. de Chile, académico de la Universidad de Chile. Máster y Doctorando en Derecho Universidad de Alcalá.

Algunos llevamos silenciosamente, varios lustros tratando de legitimar el sistema jurídico en general y el penal en particular, en nuestra comunidad, pues creemos que el derecho es el camino para la paz y la armonía. No obstante, vemos con desazón que abundan los diagnosticadores que, desde el olimpo, expresan opiniones sin haber tenido alguna experiencia real o lo que es peor, acomodan sus argumentos desde sus dogmas antes que desde los principios.

Un profesor en la universidad nos enseñó que una correcta forma de actuación pública tenía una ruta y prelación clara, aunque obvio, ello de nada vale si no hay consecuencia y coherencia en la conducta. Estas huellas para obrar tienen tres hitos relevantes, Los principios, las Normas y finalmente, las directrices políticas. Un buen ciudadano y obviamente un letrado y máxime una autoridad, deben dar cuenta en sus acciones y opiniones el respeto a dicha prelación, no ajustando a sus dogmas o posturas políticas actuaciones impropias que al justificarlas, solo buscan o el aplauso fácil de una galería ansiosa de frases y rótulos, de derechos y libertades, pero negada frente a deberes y contenidos.

Abrazar los principios como el respeto a los Derechos Humanos, aquellos que emanan de toda persona por ser tal, implica respetarlos y declamarlos siempre, no solo cuando nos conviene o hacer vista gorda cuando quien piensa como uno lo ha materializado negativamente. Es efectivo que en democracia también es posible que haya vulneraciones a los derechos que emanan de la persona humana, pues el sujeto activo de dichas violaciones es el Estado y por lo mismo son relevantes las actuaciones no solo de los Tribunales de justicia o del poder legislativo y del ejecutivo, sino también de entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

No es sano en estas materias, jugar al empate moral, el cual se ha vuelto un nuevo síndrome o deporte, es mejor quedar como ingenuo que reconocer lo evidente. En la esencia del sueño de tener una nueva constitución o ratificar la que existe, está la soberanía popular, de ella emanan la legitimidad de la acción de las autoridades y un Estado democrático de derecho como el que rige en Chile, con sus precariedades como toda obra humana, es el sistema menos malo que se ha creado para proteger las actuaciones de los individuos.

Es preciso retomar la educación cívica sin matices ni subjetivismos, la muerte, la tortura, los crímenes de lesa humanidad, no solo son deleznables, sino que deben ser reprochados por cualquier letrado que se digne de tal, lo contrario implica que su defensa es solo un eslogan vacío. Las actuaciones impropias de agentes del Estado en lo que se ha indicado como violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Chile en democracia, son una herida, cuya sanación proviene del mismo sistema, de  las investigaciones que hace un organismo autónomo como la Fiscalía, con la legítima defensa que entrega la defensoría penal pública o privada, para que haya una justicia adecuada, con la independencia de nuestros Tribunales para resolver conforme  a derecho y con el sagrado uso de la libertad ambulatoria y de expresión, con los límites básicos que están en la carta fundamental a partir del derecho a petición, actuar y pedir en términos respetuoso y convenientes.

Nos hace falta como sociedad, ser más tolerantes con quien piensa distinto, es cierto, para evitar la polarización que ya la historia nos enseña cual es la meta como fin. Debemos empeñarnos, en evitar el uso de la violencia verbal y física porque ella es contraria al derecho y a una democracia que debemos construir y cuidar entre todos, académicos, alumnos, trabajadores, dueñas de casa, hombres y mujeres y personas con cualquier orientación y en ese marco las fuerzas armadas han de tener un rol subordinado al poder civil retomando la cultura constitucionalista del General Schneider, nuestros carabineros y policías, deben reconocer sus errores y modificar la formación donde corresponda, amén de dejar en los tribunales la sentencia en casos de vulneraciones  a los derechos humanos, en esto, no debe haber doble estándar y no podemos olvidar que el respeto a los derechos humanos es una directriz universal que no posee fronteras; jugar al empate moral es peligroso, hay que tener una sola línea siempre contra toda dictadura y que prime el estado de derecho como forma de vida, es lo que necesitamos para resolver los grandes problemas y también las pequeñas grandes causas de nuestra comunidad.

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