Tras ser detenido junto a su cónyuge en la Operación Apocalipsis II por la PDI y la Fiscalía Occidente, el otrora poderoso dirigente de la Guardia Interna de Santiago 1 enfrenta cargos por cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos. Detrás de su captura emergen abonos injustificados por $131 millones, 11 sumarios internos, una condena previa en 2008 por torturas y la reapertura de la causa por la muerte de un interno en 2018.
En un operativo masivo encabezado por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y Gendarmería de Chile, este miércoles 30 de septiembre de 2026 se concretó la detención de Álex Antonio Vega Torres, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP). La diligencia, enmarcada en la denominada Operación Apocalipsis II, incluyó también el arresto de su cónyuge y de Juan Farías Pumero, alcaide del recinto IP-CRC de Punta Arenas. Tras las aprehensiones, el fiscal regional Marcos Pastén confirmó que solicitará ante el tribunal la ampliación de la detención de Vega y de su esposa para afinar los antecedentes de la formalización.
El despliegue policial consideró la entrada y registro a 14 inmuebles distribuidos en las regiones Metropolitana, del Maule, del Biobío y de Magallanes, además de la revisión de casilleros en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, el penal de Biobío y la unidad de Punta Arenas. Durante el allanamiento a la vivienda del exdirigente sindical, los detectives incautaron armas de fuego y municiones. En esta nueva fase del caso, la Fiscalía atribuye a Vega los delitos de cohecho agravado reiterado, lavado de activos y apremios ilegítimos con resultado de muerte.
Los abonos injustificados por $131 millones y la red de cobros en Santiago 1
Durante años, Álex Vega combinó su alta figuración gremial con labores operativas en la Guardia Interna de Santiago 1, desempeñándose de forma directa en los módulos 19 y 20. Según la investigación conducida por el Ministerio Público, dicha posición le habría permitido articular o facilitar el ingreso sistemático de elementos prohibidos (como teléfonos celulares, drogas, dinero en efectivo, vestimenta y alimentos) a cambio de pagos efectuados por reclusos, exinternos, visitas y terceros.
El análisis patrimonial realizado por la PDI detectó que, entre los años 2020 y 2025, ingresaron abonos por cerca de $248 millones a cuentas bancarias vinculadas al exdirigente, de los cuales alrededor de $131,4 millones carecen de toda justificación económica o fuente conocida de ingresos. La hipótesis del Ministerio Público apunta a un esquema de lavado de activos mediante depósitos en efectivo, transacciones fraccionadas, transferencias cruzadas y el uso de su cónyuge como destinataria de fondos. Ante estos hallazgos, la justicia ordenó el congelamiento de 11 cuentas corrientes, así como medidas precautorias sobre un inmueble y un vehículo asociados a los imputados, en el marco de una megacausa cuya red global habría generado flujos ilícitos superiores a los $6.000 millones.
El perfil de un dirigente intocable
A sus 47 años, Álex Vega Torres era considerado una figura de peso dentro de la ANFUP, la asociación gremial más numerosa de Gendarmería, con cerca de 6.000 suboficiales afiliados. Con presencia en la actividad sindical al menos desde 2017, Vega escaló posiciones hasta integrarse formalmente a la directiva nacional del gremio en 2024. Sin embargo, su trayectoria institucional acumuló de forma paralela un extenso historial de irregularidades, contabilizando al menos 11 procesos sumariales en su hoja de vida.
El antecedente judicial más grave de su carrera se remonta a 2008, cuando fue condenado por el delito de apremios ilegítimos contra un interno del penal Colina II. En aquella oportunidad, los antecedentes acreditaron que Vega, junto a otros funcionarios, obligó al recluso a desnudarse y a desplazarse en “punta y codo” por el suelo mientras le propinaban golpizas, recibiendo una pena de 541 días de reclusión y la suspensión de cargos públicos, sanción que le fue sustituida por un régimen alternativo. Asimismo, los peritajes de la Fiscalía incorporaron denuncias internas que vinculan al exlíder sindical con la presunta sustracción de urnas en comicios de la ANFUP, maniobra orientada a alterar los resultados para perpetuar a su sector al mando de la organización.
El “asado” con ketamina
Uno de los episodios que estuvo a punto de costar la expulsión de Vega de las filas institucionales ocurrió la noche del 30 de agosto de 2022. Durante una ronda de fiscalización en Santiago 1, las autoridades sorprendieron a 11 funcionarios —entre ellos al propio dirigente— participando en un asado no autorizado con alcohol y música a alto volumen en una dependencia anexa del penal, encontrándose en el lugar envoltorios que contenían ketamina.
Tras concluir el sumario administrativo, la fiscalía interna de Gendarmería y el Ministerio de Justicia ordenaron la destitución de la totalidad de los involucrados. No obstante, los sancionados iniciaron una huelga de hambre y recurrieron a la Contraloría General de la República. En marzo de 2025, el órgano contralor frenó la expulsión al determinar que el sumario no logró acreditar el consumo individual de alcohol o drogas bajo los altos estándares jurisprudenciales exigidos para expulsar a un funcionario, obligando a Gendarmería a recalibrar la medida hasta aplicar una simple multa equivalente al 20% de su remuneración mensual.
Causa por homicidio reabierta
El flanco más complejo que enfrenta Vega ante los tribunales responde a la reabierta causa por la muerte de Rodolfo Muñoz Morales (55 años), recluso en prisión preventiva que falleció el 20 de enero de 2018 en el módulo 19 de Santiago 1. Aunque inicialmente Gendarmería informó a la familia que el interno había sufrido una caída accidental desde un camarote, la causa fue cerrada en enero de 2020 mediante una decisión de “no perseverar” del Ministerio Público por falta de imputados formalizados.
Sin embargo, en abril de 2026, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dispuso la reapertura del expediente a solicitud del fiscal Sergio Soto, tras surgir nuevos testimonios e interceptaciones en el marco de la Operación Apocalipsis. Entre los antecedentes, un funcionario penitenciario declaró que Vega se jactaba de su impunidad y del poder de su fuero gremial, asegurando haber agredido a un interno en la cabeza con un objeto contundente provocando su muerte sin enfrentar consecuencias. El informe del Servicio Médico Legal ratificó que el deceso obedeció a un traumatismo encéfalo craneano violento de alta energía, incompatible con una caída accidental y con claras huellas de contención y lucha, situando a Vega como presunto autor de apremios ilegítimos con resultado de muerte.
