Humberto Serri Gajardo. Jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche.
Tomar la decisión -colectiva en este caso- de iniciar una huelga de hambre, es lanzar un último, profundo y desgarrador grito hacia la autoridad. Un grito que, al igual que su actor, se irá apagando día a día producto de la energía consumida, pero que a su vez espera, con su eco, llegar a los rincones dónde no es escuchado.
El año 2010 nos encontrábamos en un Chile ad portas de celebrar, anticipadamente, su bicentenario. En paralelo, en otro Chile, oculto para la sociedad, se escuchaba el primero de estos gritos. Desde los recintos penitenciarios de Lebu, Concepción, Angol, Temuco y Chol Chol, se unían hasta 34 voces en un grito al unísono, clamando por visibilizar la situación Mapuche en las cárceles del Wallmapu; donde muchos comuneros esperaban largos períodos, años incluso, privados de libertad en búsqueda de un proceso justo.
Las peticiones de esa primera gran huelga, analizadas al día de hoy, parecen un mínimo exigible en un estado de derecho; pero en ese tiempo eran desoídas desde Santiago. Los comuneros ponían sus vidas a disposición de su pueblo-nación, para exigir que no se les investigue y juzgue bajo una ley antiterrorista; para exigir que no se aplique un doble juzgamiento en su contra (se tramitaban en paralelo, por mismos hechos acusados, procedimientos de justicia militar y de justicia ordinaria); pero, como bien señaló algún día Eduardo Galeano, “para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos”, y lo cierto es que los llamados a responder este grito de los comuneros, encontraban como respuesta solo silencio.
82 días tuvieron que pasar en ayuno los comuneros Mapuche para obtener una respuesta que permitiese deponer la huelga. 82 días que permitieron visibilizar a Chile completo la situación que se vivía en territorio Mapuche, pero que también puso en riesgo serio la vida de cada uno de los huelguistas, incluido un menor de edad; con permanentes secuelas para el resto de sus vidas.
De esa gran huelga, que en distintas etapas se extendió por dos años, se extraen varias lecciones; mas la principal debió ser entender sus orígenes, sus motivaciones y, en definitiva, sus problemas; con miras a no tener que llegar nunca más a este tipo de situaciones límites. Es decir, responder a las peticiones de las personas privadas de libertad con habitualidad, en tiempo y forma; sin esperar que estén en riesgo sus vidas, para resolver lo peticionado.
Tras la huelga de 2010/2011, ha habido dos importantes instancias internacionales que han puesto el acento en la situación de los comuneros Mapuche en prisión preventiva.
Primero, el 2013, visitó Chile Ben Emerson, relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Tras interiorizarse de la situación señaló tajantemente que “la ley antiterrorista ha sido aplicada de manera desproporcionada contra los acusados mapuches”, llamando a al gobierno a “situar la cuestión mapuche entre las principales prioridades del diálogo político nacional”.
Luego, en mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en contra del Estado de Chile, en el caso Norin Catriman y otros contra Chile; que había implicado -en instancias judiciales internas- condena para 8 comuneros Mapuche por presuntos delitos calificados como terroristas. Este fallo ameritaría una columna aparte, mas en lo medular significó un fuerte reproche de la CIDH hacia el Estado de Chile por la aplicación de dicha legislación de excepción, así como por las extensas privaciones de libertad “preventivas” que se aplicaban a los comuneros mapuche que enfrentaban juicios contra el Estado.
Lamentablemente, dichas instancias no han mejorado el panorama para las personas que enfrentan un proceso penal, en especial los comuneros Mapuche.
Desde esa primera gran huelga se han sucedido –cada cierto tiempo- huelgas específicas por parte de comuneros Mapuche, imputados y/o condenados; lo que demuestra una escasa voluntad de diálogo a lo largo de los años. Peor aún, en estos años han seguido sucediéndose extensos procesos penales contra comuneros Mapuche, en los que la prisión preventiva ha sido la tónica, unido a una un sinnúmero de querellas del Estado e invocación –en distintas etapas- de la ley antiterrorista.
Hoy, los comuneros Mapuche han visto como, desde el inicio del brote de Covid-19, los Tribunales han dejado sin efecto las prisiones preventivas que afectaban a personas imputadas del homicidio de Camilo Catrillanca. En el mismo sentido se ha resuelto para el imputado por la muerte de Alex Lemún y todos los involucrados en la nefasta “operación Huracán”, que en su tiempo significó prisión preventiva para 8 comuneros Mapuche, con base en pruebas falsas.
Por otro lado, los comuneros actualmente en prisión preventiva en Angol, no pudieron optar a esa morigeración de sus medidas cautelares; encontrando en sus alegaciones un rechazo sistemático; unido a la escasa aplicación práctica del Convenio 169 de la OIT; razón última que ha afectado también directamente al Machi Celestino Córdova en Temuco; quien requiere retornar a su “rewe”.
Todo este cúmulo de situaciones, nos lleva indefectiblemente a que se repita la historia, y que sean nuevamente los comuneros Mapuche quienes lancen un grito para visibilizar la escasa mirada hacia la multiculturalidad imperante en nuestro territorio.
Este grito nuevamente no ha sido del todo escuchado; siendo mas bien escasos los puentes de comunicación que se han levantado; y, en todo caso, frágiles. Lo cierto es que no se avizora un acercamiento que destrabe la huelga y el riesgo de muerte de algún huelguista es inminente.
Aldous Huxley decía que “quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”, y hoy, a 105 días del inicio de la huelga de hambre en La Araucanía, no hay duda que la historia se repite; produciéndose la paradoja de un eco ensordecedor en medio de 9 gritos que, inexorablemente, se apagan.
