Este viernes, a las 15:00 horas, el tribunal electoral escuchará los alegatos por el libelo que busca la destitución del gobernador metropolitano por presunto notable abandono de deberes. Mientras la defensa llega fortalecida por recientes triunfos en sede penal y civil, los requirentes apuestan sus fichas a las irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría en el polémico caso del “coaching”.
La carrera política de Claudio Orrego Larraín enfrenta este viernes 7 de agosto su valla más alta en el plano administrativo-judicial. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) realizará la vista de la causa respecto al requerimiento de remoción presentado por consejeros regionales (cores) del Partido Republicano y de la UDI, quienes acusan a la máxima autoridad de la Región Metropolitana de faltas graves a la probidad y abandono de funciones,,.
La acción, ingresada originalmente en julio de 2025, llega a los estrados del Tricel en un escenario político particular: varios de sus impulsores originales, como el actual subsecretario del Interior, Máximo Pavez, o los funcionarios del Segundo Piso de La Moneda, Ignacio Dülger y Álvaro Bellolio, hoy ocupan cargos en la administración central, dejando la representación legal del requerimiento en manos del abogado Álvaro Ferrer,.
Los cargos: Del caso ProCultura a las sesiones de coaching
El libelo acusatorio se estructura sobre lo que la oposición califica como una “ausencia de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos” en la gestión del Gobierno Regional (GORE). Entre los puntos de mayor fricción destaca el uso de más de $31 millones en sesiones de coaching que, según los denunciantes, habrían sido desviadas para fines electorales vinculados a la reelección de la autoridad,.
Asimismo, el requerimiento apunta a la responsabilidad de Orrego en la suscripción de convenios con la fundación ProCultura, específicamente en el programa “Quédate”, donde se acusó una “concentración de funciones clave sin separación de responsabilidades” que habría facilitado irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La “mochila de triunfos” de la defensa
Pese a la ofensiva de los cores, el equipo jurídico de Orrego —liderado por Ciro Colombara y Aldo Díaz— llega a la audiencia con una serie de fallos favorables que pretenden exhibir como prueba de la inocencia de su representado,.
El principal activo de la defensa es el rotundo rechazo unánime (24 votos contra cero) de la Corte de Apelaciones de Santiago a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en la arista ProCultura, lo que derivó en el sobreseimiento definitivo de la autoridad,. A esto se suma la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación por las sesiones de coaching, tras no hallar conductas constitutivas de delito,.
Finalmente, esta misma semana la Corte Suprema entregó un respiro financiero al GORE al ordenar que la aseguradora Aspor pague los $1.000 millones correspondientes a las pólizas del fallido convenio con ProCultura, validando la gestión de cobro realizada por la administración de Orrego,,.
El punto crítico: El informe de Contraloría
No obstante los éxitos en tribunales ordinarios, el flanco más expuesto para el gobernador en el Tricel es el administrativo. Los requirentes basarán gran parte de su alegato en el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que confirmó la existencia de irregularidades en la arista del coaching y rechazó las reconsideraciones de la autoridad regional,.
“El notable abandono de deberes y la contravención grave al principio de probidad es algo que corresponde calificar privativamente al Tricel”, advirtió el abogado Álvaro Ferrer, subrayando que la justicia electoral tiene un estándar de apreciación distinto al penal,.
Desde la vereda del gobernador, Colombara y Díaz mantienen la confianza: “Estamos convencidos de que una vez más quedará demostrado que el gobernador Claudio Orrego es un buen gestor público (…) el requerimiento carece de sustento jurídico y fáctico”.
La decisión final quedará en manos de los ministros del Tricel —integrado por los magistrados de la Suprema Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales y Omar Astudillo, junto al ministro Gabriel Ascencio— quienes, tras escuchar los alegatos de esta tarde, deberán resolver si la autoridad metropolitana mantiene su cargo o si el libelo de la oposición logra truncar su futuro político.
