Michele Zezza, Dr. en Derecho. Académico Doctorado en Derecho U.Central.
La implementación y justiciabilidad de los derechos sociales en Chile representa un tema de alta controversia en el debate público y parlamentario, al reflejar tensiones jurídico-constitucionales y político-económicas sobre la concepción del Estado y la distribución de recursos. Las recientes luchas sociales han profundizado esta reflexión, exigiendo una revisión del modelo económico, la reducción de desigualdades estructurales y la creación de un nuevo pacto social, lo cual sigue polarizando a la sociedad y al aparato legislativo.
La Constitución de 1980 consagra un Estado subsidiario en la provisión de servicios esenciales, limitando la intervención estatal y priorizando a actores privados. Bajo este principio, el Estado solo interviene cuando los individuos o entidades privadas no pueden prestar servicios, manteniendo un rol complementario en lugar de asumir una responsabilidad activa en derechos sociales. Esta aplicación ha generado una provisión desigual en derechos como salud, educación y pensiones, donde el acceso a servicios de calidad depende de los recursos económicos de cada persona o grupo social, lo cual limita la igualdad de derechos y condiciona el bienestar al mercado. La subsidiariedad convierte al Estado en un garante pasivo, y muchos sectores han criticado esta postura, señalando la necesidad de avanzar hacia un sistema de derechos sociales universales con acceso garantizado e igualitario. En este contexto, la discusión sobre derechos sociales en Chile está vinculada a la modificación o superación de los principios constitucionales de 1980, cuyas consecuencias en la calidad de vida de los sectores más vulnerables son innegables.
Neoliberalismo versus intervencionismo estatal
Desde una perspectiva político-económica, el debate en Chile enfrenta dos visiones opuestas: el modelo neoliberal, que defiende la provisión de servicios sociales desde el sector privado, y el modelo de intervención estatal, que busca un rol más activo del Estado. Los defensores del neoliberalismo sostienen que la competencia privada en la prestación de servicios garantiza eficiencia y calidad, argumentando que el libre mercado permite una mayor diversidad en los servicios y optimiza los recursos. En cambio, los críticos del modelo neoliberal argumentan que esta privatización ha incrementado las desigualdades en calidad y acceso a derechos básicos. En áreas como salud, educación y pensiones, estas desigualdades se han vuelto especialmente marcadas, y el llamado a la creación de sistemas universales y públicos es cada vez más fuerte. Esta confrontación se intensifica en reformas legislativas, especialmente en pensiones, educación y salud, donde el clamor por sistemas equitativos choca con la defensa de sistemas mixtos o privados.
El financiamiento de estos derechos es un aspecto clave, especialmente en un contexto de restricciones fiscales. Las propuestas de reforma tributaria y de endeudamiento público surgen como alternativas para garantizar los recursos necesarios, pero ambas opciones generan importantes desacuerdos. Sectores políticos conservadores y algunas entidades económicas temen que el financiamiento de los derechos sociales implique una carga fiscal que afecte la economía, mientras que sectores progresistas enfatizan que estos derechos deben primar sobre las reservas económicas de las élites. Así, el financiamiento de los derechos sociales es uno de los puntos más debatidos en el ámbito legislativo.
La percepción de amplios sectores de la sociedad chilena es que el Estado no está cumpliendo adecuadamente con su rol de protector de los derechos sociales. El estallido social de 2019 evidenció el descontento popular ante la desigualdad en el acceso a servicios esenciales y las limitaciones del sistema vigente para satisfacer necesidades básicas. Las demandas sociales han puesto de relieve una exigencia mayoritaria por una intervención estatal que garantice derechos sociales equitativos, aunque persisten sectores que temen las repercusiones fiscales de un Estado con mayor presencia en la economía. Este estallido también subrayó la necesidad de revisar la distribución de recursos y el acceso igualitario a servicios, destacando la urgencia de que el Estado actúe de manera efectiva sobre estos derechos para alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad económica y justicia social.
Escenarios probables de reforma y aspectos del debate actual
Después del rechazo a la propuesta constitucional de 2023, el escenario legislativo más probable contempla ajustes graduales al marco legal vigente, promoviendo reformas sectoriales en áreas clave como pensiones, salud, educación, vivienda y agua. Uno de los temas más críticos es la reforma del sistema de pensiones, donde la presión social ha sido notable. La estructura actual, basada en Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), genera amplio rechazo debido a las pensiones precarias que reciben muchos jubilados. Propuestas de expertos como la académica Claudia Sanhueza sugieren un sistema público de pensiones, donde el Estado asuma un rol activo y se cree un fondo solidario que asegure un mínimo vital para todos. Este enfoque busca mejorar la calidad de vida de los mayores y reducir la desigualdad en acceso a pensiones adecuadas. Sin embargo, el consenso en el Congreso es difícil, pues persisten opiniones divergentes; sectores conservadores prefieren un sistema mixto que combine ahorro individual con intervención estatal en casos de necesidad.
En salud, la discusión gira en torno a un sistema público que garantice acceso universal y de calidad. Juristas como Fernando Atria consideran urgente un cambio que reestructure el sistema actual, fuertemente dependiente de la participación privada. La creación de un sistema sanitario público podría mejorar el acceso y fomentar una mayor equidad en la atención médica. No obstante, esta propuesta enfrenta la resistencia de quienes defienden la calidad del servicio privado, considerando suficiente el sistema mixto actual. También es común el temor entre los opositores sobre la sostenibilidad financiera de un sistema de salud completamente público, argumentando que una intervención estatal excesiva podría desincentivar la inversión.
La educación es otro pilar clave en la agenda de reformas. Desde las protestas estudiantiles de 2011 hasta el estallido de 2019, se ha evidenciado una demanda ciudadana por un acceso equitativo y de calidad a la educación. Propuestas como las de Verónica Undurraga enfatizan que el derecho a la educación debe incluir tanto el acceso como la calidad en la formación, lo cual requiere una modificación en el financiamiento del sistema. No obstante, el debate sigue polarizado, con algunos sectores defendiendo la continuidad de un sistema mixto que permita participación privada, mientras otros abogan por un sistema totalmente público para eliminar desigualdades en el acceso y calidad educativa.
La dimensión presupuestaria también es crucial para las reformas. Las propuestas de reforma tributaria se han convertido en un tema central, ya que el financiamiento de los derechos sociales necesita una base sólida. Economistas como Alfredo Joignant sugieren una reforma tributaria progresiva que incremente la carga fiscal de los sectores de mayores ingresos para asegurar los recursos necesarios, aunque este enfoque enfrenta oposición por el riesgo de afectar crecimiento e inversión en el país. La viabilidad de los derechos sociales está condicionada, en definitiva, no solo por la voluntad política, sino también por la capacidad gubernamental de articular un modelo de financiamiento que equilibre necesidades sociales y restricciones económicas.
Otro aspecto fundamental es el rol de los movimientos sociales y la sociedad civil. Las movilizaciones de 2019 evidenciaron un fuerte descontento con el sistema y una urgencia de reformas estructurales. Juristas como Jaime Bassa argumentan que la presión de la sociedad civil será fundamental para empujar al Congreso hacia reformas más profundas y garantizar que estas reformas respondan a las necesidades reales de la población, en lugar de medidas superficiales.
La implementación efectiva de los derechos sociales en Chile necesita un proceso colaborativo entre los poderes político-parlamentarios y el judicial. Este proceso debe responder a las demandas sociales por un marco constitucional que refleje la aspiración de una vida digna y equitativa. La construcción de un nuevo marco constitucional representa una oportunidad histórica para que Chile siente las bases de una sociedad justa, redefiniendo el papel del Estado y los derechos de sus ciudadanos. Convertir estas aspiraciones en realidades concretas es el gran desafío que el país enfrenta para consolidar un pacto social inclusivo y solidario.
