El Ministerio Público solicitó despojar nuevamente de su fuero al parlamentario esta vez como senador, para someterlo a juicio oral por presunto fraude al Fisco de $105 millones en asignaciones del Congreso. Mientras la Fiscalía le imputa contrataciones ficticias y desvío de fondos a cuentas personales, la defensa acusa irregularidades en la investigación e impulsa recursos de amparo y recusaciones para frenar el avance de la causa.
En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la Fiscalía y la defensa del senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto sostuvieron una decisiva jornada de alegatos por la solicitud de desafuero ingresada en contra del parlamentario. El pleno del tribunal de alzada de Los Lagos dejó en estudio su pronunciamiento tras escuchar las posiciones de los intervinientes, en un trámite que busca resolver la condición constitucional del legislador luego de que la Fiscalía Local de Coyhaique cerrara la indagatoria y presentara por segunda vez una acusación formal por delitos reiterados de fraude al Fisco.
Si bien el órgano persecutor ya había logrado retirar el fuero a Calisto durante su gestión como diputado, la reapertura y posterior cierre de la causa motivó una nueva presentación ante los tribunales. Esto, con el propósito de sortear eventuales maniobras dilatorias de la defensa y despejar la discusión jurídica sobre el presunto “nuevo fuero” adquirido tras su elección como senador, abriendo así paso a la etapa de preparación del juicio oral.
La tesis acusatoria: Contratos ficticios y desvío de recursos parlamentarios
El expediente sustanciado por la fiscalía sitúa al legislador al centro de una maniobra orientada a defraudar al Congreso Nacional por un monto total que asciende a los $105 millones entre los años 2018 y 2022. De acuerdo con lo expuesto ante la sala por el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, el parlamentario se habría concertado con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para concretar el cobro ilícito de asignaciones parlamentarias destinadas al pago de falsas asesorías.
La investigación penal reveló que Graf —educadora diferencial de profesión y pareja de Cárcamo— fue contratada mediante ocho convenios a honorarios con montos mensuales que fluctuaron entre los $1,1 y $3,1 millones. Sin embargo, el Ministerio Público estableció que los informes de respaldo para justificar los pagos jamás existieron y que la profesional cobró las asignaciones de forma ininterrumpida, incluso durante cerca de dos años en que permaneció con licencia por embarazo y posnatal. La propia coimputada declaró ante los fiscales que nunca desempeñó funciones ni brindó asesorías para la Cámara de Diputados, asegurando que la contratación se ejecutó con pleno conocimiento y a instancias del congresista.
Asimismo, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) y antecedentes del Ministerio Público señalan que los fondos fiscales percibidos por Graf fueron transferidos directamente a cuentas personales de Calisto y a personas afines a su entorno político. Según la teoría del órgano persecutor, los montos habrían sido destinados a fines privados, entre ellos el pago de préstamos personales del parlamentario, la adquisición de una parcela, desembolsos para su jefe de campaña y el financiamiento de otros candidatos afines a su colectividad. Frente al estrado, Campos enfatizó que los involucrados malograron los principios de integridad e imparcialidad en la función pública, calificando los hechos como “una bofetada a la democracia”.
La arremetida de la defensa: Reclamación de garantías y recursos paralelos
En la vereda contraria, la defensa técnica del senador, ejercida por el abogado penalista José Pablo Gómez, solicitó al pleno rechazar de plano el requerimiento de desafuero, sosteniendo la inocencia del congresista y afirmando que las imputaciones carecen de sustento. El jurista aseveró que Graf sí cumplió funciones como asesora política en comunicación directa con el legislador y desestimó las conclusiones del informe policial.
La estrategia defensiva apuntó además a cuestionar el origen y la validez de los antecedentes recopilados. Gómez argumentó que la investigación penal se inició a partir de la extracción irregular de documentos desde el correo electrónico del parlamentario. En la misma línea, la defensa cuestionó el viraje en la declaración de uno de los imputados —quien atribuyó responsabilidad a Calisto dos días antes del cierre del sumario—, atribuyendo dicho cambio a una maniobra que vulneró el derecho a la defensa y las garantías del debido proceso.
Con el objetivo de frenar la causa, la representación del senador desplegó acciones paralelas en otras sedes judiciales. De forma simultánea a la vista en Puerto Montt, la defensa alegó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique para exigir un plazo extraordinario que les permita acceder a la totalidad de las piezas del expediente, junto con tramitar la recusación de dos ministros del tribunal de alzada de Los Lagos por haber emitido pronunciamientos previos sobre la materia.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt informará en los próximos días su decisión respecto del desafuero. De ser acogida la solicitud del Ministerio Público, el procedimiento quedará habilitado para ingresar a la fase de audiencia de preparación de juicio oral y postergar la resolución definitiva ante un tribunal colegiado.
