Antonio Navarro Galaz. Profesor de la Clínica Jurídica PyME de la Universidad Finis Terrae.
Sabemos que la mayor fuente de empleo en Chile la proporcionan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) aportando a lo menos el 48 % de oportunidades de trabajo remunerado y sosteniendo a igual número de familias. Las PyMEs son el motor de la economía. De acuerdo a la Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2019 del INE, en Chile existían 2.057.903 personas microemprendedoras de éstas 61,4% son hombres y 38,6%, mujeres. Digo existían porque no hay certeza de cuál pueda ser la situación actual luego de la combinación del estallido social de octubre de 2019 y de la emergencia sanitaria por el COVID 19 que llevó a las cuarentenas y restricciones de movilidad desde marzo de 2020 hasta ahora y cuyo término estamos lejos de avistar.
Ambas causas de la crisis económica están en impredecible evolución y sin un pronóstico de mejora o de término favorable. La situación sanitaria se ha estabilizado en orden a un promedio cercano a los 2 mil contagios diarios, con el riesgo inminente de una segunda ola que empeore la situación, como ha ocurrido en otros países. La crisis social y política tampoco se muestra muy auspiciosa, por lo menos por ahora, con un plebiscito que tiene serias dificultades de realización en medio de las amenazas sanitarias propias de toda pandemia y manifestaciones de violencia destructiva que acompañarán el largo e incierto proceso constituyente que supone revisarlo y discutirlo todo desde un punto de vista jurídico e institucional durante un periodo mínimo de dos años.
Es en este contexto que el Estado tiene el desafío de implementar políticas públicas eficaces que focalicen la ayuda en las PyMEs, quienes, por sus características, tienen mayor riesgo de cerrar por insolvencia o por inviabilidad económica. Sin grandes ahorros ni activos fijos, sin una fuente de financiamiento propio, son las primeras víctimas de la paralización de la actividad económica.
Hasta ahora se han aplicado diversos planes y programas de apoyo con éxito difícil de evaluar. Primero, al comienzo de la emergencia sanitaria, el Gobierno implementó el Plan Económico de Emergencia COVID 19 y posteriormente iniciando el segundo semestre, en la cuenta presidencial, se anunció el Plan Paso a Paso Chile se Recupera.
Con respecto al primero, el Gobierno anunció en marzo del 2020 un plan por U$ 11.750 millones de dólares equivalente a una inyección de recursos por un 4,7% del PIB, que contempló diversas medidas. En el ámbito laboral, se dictó la Ley de protección al empleo, se adoptaron diversas medidas tributarias como la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas, la postergación del pago del IVA, anticipación de la devolución de impuesto a la renta, postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las PyMEs de acuerdo a lo que declararon en la operación renta y la postergación pago de contribuciones para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF, entre otras.
Entre las decisiones más efectivas está la aceleración de pagos a proveedores del Estado comprometiéndose las autoridades a que, en adelante, toda factura que se emita al Estado será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado.
Se anunció también una nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones destinado principalmente a otorgar financiamiento a las personas y las Pymes. Esta medida incrementó la capacidad crediticia del Banco Estado en aprox. US$ 4.400 millones. Y entre las políticas para facilitar el financiamiento se encuentra el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y el Fondo de Garantía de Corfo para Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN), éste último dirigido exclusivamente a las PyMEs.
Todo lo anterior junto a políticas de transferencias monetarias directas que permitan mantener en parte la capacidad de consumo de los que han perdido sus fuentes de ingreso, como fue el Bono de Emergencia Covid-19, entregado por una sola vez y posteriormente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno promete se entregará durante el tiempo que sea necesario para que las familias retomen sus fuentes de ingreso.
Cuatro meses más tarde, en la cuenta presidencial al país del 31 de julio, se anunció el Plan Paso a Paso Chile se Recupera que contempla una serie de medidas para impulsar la recuperación económica, la que incluye un potente plan de inversión pública, incentivos a la contratación de trabajadores, financiamiento PyMEs y fomento de la inversión privada, a través de la implementación de un paquete de medidas tributarias de carácter transitorio. Un conjunto de medidas variadas en sus destinatarios y en el tipo de asistencia que otorgan. Indudablemente son una contribución muy positiva, especialmente el subsidio al empleo.
Todas las medidas reseñadas apuntan en el sentido correcto, pero no podemos olvidar que para mantener una economía sana las asistencias del Estado deben ser siempre transitorias, con objetivos claros, acotados y evaluables periódicamente; no sólo por lo evidente de los limitados recursos públicos, sino también porque las ayudas prolongadas o permanentes generan distorsiones profundas e incluso cambios culturales como la dependencia de la ayuda fiscal, el clientelismo e incentivos para la corrupción.
El juicio definitivo sobre si nuestras autoridades han estado a la altura de los desafíos de esta crisis no se encuentra en los planes de contingencia, por supuesto, necesarios e indispensables, sino, sobre todo, en mantener las condiciones económicas del país para la recuperación de la actividad incluso en medio de la incertidumbre que nos acompañará por un largo tiempo.
Sería un gravísimo error descuidar lo fundamental, lo que ha permitido el desarrollo económico y social durante el más exitoso periodo de la historia de Chile, entre los que destacan tres aspectos fundamentales, entre muchos otros que se podrían nombrar.
En primer lugar, la estabilidad política fundada en el prestigio moral o ético de las autoridades que dirigen el país. La eficacia de las decisiones públicas, a cualquier nivel: legislativo, ejecutivo, local, etc; depende en gran medida de la confianza de los ciudadanos en sus magistraturas. En segundo lugar, cuidar especialmente los requisitos institucionales mínimos que entregan certeza y seguridad a los agentes económicos como son una coherente política legislativa, la correcta administración de Justicia, el combate a la corrupción y el mantenimiento del orden público. En tercer lugar, los equilibrios macroeconómicos, incluido el control del gasto fiscal y de la inflación. Sin estos elementos de base, cualquier incentivo, por cuantioso que sea, y cualquier otra ayuda transitoria será como arar en el mar. Este es el mayor apoyo a las PyMEs que el Estado puede prestar, garantizar el desarrollo sostenible para que la creatividad y trabajo de los emprendedores por cuenta propia produzca los resultados esperados por ellos y que benefician a toda la sociedad.
Los contenidos de esta columna serán abordados en la charla “PYMES y Pandemia: Medios de Ayuda Estatal” ha realizarse el próximo miércoles 28 de octubre a las 19:00 hrs, como parte del ciclo “PYMES ¿Cómo afrontar la incertidumbre económica durante 2021?”, organizado por la Clínica PYME de la Universidad Finis Terrae, institución que apoya a personas naturales o jurídicas que buscan desarrollar una actividad económica y no tienen los recursos económicos para solventar una asesoría particular.
En el mismo ciclo, este miércoles 21 de octubre: se realizará la charla “Región de La Araucanía y Estado de Derecho” a cargo de la abogada, Doctora en Derecho y profesora de la U. de los Andes, Andrea Íñiguez Manso, donde se analizarán las situaciones de alteración del orden público y acciones adoptadas para resguardar la seguridad pública, entre otros bienes jurídicos protegidos.
Las charlas son gratuitas y abiertas a público general. Para participar vía Zoom deben inscribirse al mail extensionderecho@uft.cl
