Un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago cerró de golpe la vía con la que el saliente conservador de 81 años buscaba incidir en la designación de sus suplentes interinos. A ese revés se sumó la advertencia formal presentada ante la Fiscalía Judicial por el conservador Carlos Miranda, denunciando que el titular histórico dejó el oficio sin realizar el inventario legal ni concretar la entrega de las llaves del registro más lucrativo del país.
En las horas previas a que se hiciera efectiva su jubilación obligatoria fijada por la reforma notarial y registral, el conservador del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago, Luis Maldonado (81 años), ejecutó una última jugada en el frente judicial. De forma sigilosa, el abogado presentó una solicitud de aclaración ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para pedir que los ministros precisaran cuál era la norma aplicable para definir a los suplentes interinos que asumirían los libros a su cargo.
La estrategia del veterano auxiliar de la justicia apuntaba a generar una duda de interpretación entre la regla general de reemplazos contemplada en los artículos 402 y 402 bis del Código Orgánico de Tribunales (COT) y la disposición especial del artículo 449 del mismo cuerpo legal, diseñada específicamente para la estructura del Conservador de Santiago. La distinción resultaba clave para las pretensiones de Maldonado: si el tribunal de alzada optaba por el régimen general, se abría la opción de validar una nómina de tres abogados propuesta por él ante la Fiscalía Judicial para controlar su sucesión interina. Por el contrario, la aplicación del artículo 449 otorgaba de forma automática la subrogación al registrador más antiguo en funciones, rol que recae en el titular de Hipotecas y Gravámenes, Carlos Miranda.
Sin embargo, el pleno del tribunal de alzada capitalino desestimó de plano la pretensión de Maldonado. Respaldados en un informe elaborado por el ministro Rodrigo Schnettler (integrante de la comisión de notarios) los magistrados acordaron de forma unánime no dar lugar a la petición de aclaración. En su dictamen, la Corte dejó sentado que desde el 2 de abril de 2026 la atribución de nombrar suplentes e interinos fue radicada exclusivamente en el Ministerio de Justicia, careciendo el tribunal de competencia para resolver sobre la nómina formulada por el registrador saliente. Asimismo, el fallo ratificó que los registros vacantes deben ser asumidos por subrogación conforme al orden de antigüedad fijado en el artículo 449 del COT, despejando la vía para que Miranda asuma la administración de los tres registros de la plaza capitalina.
En paralelo al rechazo de la Corte, el proceso de transición sumó una severa complicación administrativa. A través de un oficio de dos páginas remitido a la fiscal judicial Macarena Troncoso, Carlos Miranda informó oficialmente que, a horas de que operara el cese legal de Maldonado, este no había hecho entrega formal del oficio ni de los antecedentes indispensables para asumir la custodia del inmueble y los libros.
En la presentación, Miranda recordó las exigencias contempladas en el artículo 11 de la Ley del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, precepto que establece la obligación del conservador que deja sus funciones de efectuar un traspaso formal mediante un inventario detallado enviado a la Corte, manteniendo su responsabilidad legal mientras dicha diligencia no se materialice. Del mismo modo, el escrito invocó el artículo 482 quáter del COT, que impone protocolos estrictos y auditorías externas para garantizar la continuidad de la fe pública y la intangibilidad de los repositorios digitales y físicos.
Frente a la omisión del saliente registrador, quien cesa en el cargo por haber sobrepasado los 75 años tras no prosperar sus intentos por congelar la norma en el Tribunal Constitucional, Miranda se puso a disposición de la Fiscalía Judicial para recibir instrucciones inmediatas. La contingencia quedó bajo la evaluación de la fiscal judicial suplente Javiera González, quien cuenta con las facultades legales para constituirse directamente en el despacho de la calle Morandé y fiscalizar el inventario de la repartición más codiciada del sistema judicial chileno, cuyas utilidades netas han sido estimadas por fuentes del foro en torno a los $100 millones mensuales.
