El abogado constitucionalista presentó un reclamo formal contra el Banco de Chile tras detectar un cobro de $6,5 millones originado en una cuenta inactiva por 15 años. La disputa, que escala a la CMF y el Sernac, pone el foco en la creación de créditos unilaterales y el reporte de morosidad sin notificaciones previas, prácticas que la defensa califica como contrarias a la buena fe contractual.
Lo que comenzó como una cuenta corriente universitaria dejada de usar en 2010 se transformó en un complejo escenario judicial para el abogado Gabriel Osorio Vargas. El pasado 21 de julio, el profesional fue alertado mediante un mensaje de texto de una empresa de cobranza sobre una supuesta deuda con el Banco de Chile, la cual ascendía a $6.500.000. Al concurrir a una sucursal, se le informó que el monto correspondía a comisiones de mantención acumuladas durante 15 años las cuales fueron cargadas sistemáticamente a su línea de crédito hasta agotar el cupo.
El caso ha genera preocupación en el sector financiero debido a la mecánica utilizada por la entidad. Según el reclamo formal ingresado por Osorio, el banco optó por no cerrar la cuenta pese a estar facultado legalmente para hacerlo desde el primer año de inactividad. En su lugar, la institución habría mantenido el cobro de comisiones sin prestar un servicio real, para luego cerrar la cuenta de forma unilateral en junio de 2026 y convertir el saldo negativo de la línea de crédito en un crédito de una sola cuota, reportándolo inmediatamente como moroso ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Los fundamentos del reclamo judicial
En el documento de cuatro carillas dirigido a la gerencia del banco, el abogado sostiene que la conducta de la entidad constituye un “ejercicio abusivo del derecho, contrario al principio de buena fe contractual consagrado en el artículo 1546 del Código Civil”. Osorio argumenta que el banco omitió su deber de lealtad al no contactarlo en 15 años y utilizar una facultad legal para beneficio económico exclusivo sin contraprestación alguna.
Respecto a la legalidad de los cobros, el reclamo es taxativo al citar la normativa vigente. El jurista plantea que “una cuenta corriente absolutamente inactiva durante quince años —sin giros, sin depósitos, sin cheques, sin transacciones electrónicas de ninguna especie— no genera costo operacional ni servicio real que justifique comisión alguna”. En esa línea, Osorio recalcó el incumplimiento de las directrices del regulador, señalando que “hay una circular de la Comisión para el Mercado Financiero que señala que solamente se puede cobrar una comisión de mantenimiento cuando ha sido usada la cuenta corriente, y esta cuenta no fue usada en más de quince años, no sé qué me están cobrando”.
Consentimiento y daño reputacional
Otro de los nudos críticos del conflicto radica en la creación del crédito para cubrir la deuda de la línea de crédito. El abogado acusa una infracción a la Ley de Protección al Consumidor (Ley N° 19.496), afirmando que el producto financiero impuesto “carece absolutamente de mi consentimiento. No firmé contrato alguno, no manifesté voluntad en ningún sentido, y no fui siquiera informado de su existencia hasta el día de hoy”.
Finalmente, el reclamo apunta al perjuicio causado por el reporte de la deuda ante la CMF sin mediar aviso previo, lo que vulneraría la Circular N° 3.408 de la ex SBIF. Para Osorio, se trata de un “reporte que no tiene sustento legítimo y que causa un daño directo e injustificado a mi honra y reputación financiera”. El profesional ya adelantó que, de no obtener la anulación del cobro y la limpieza de sus antecedentes en un plazo de 10 días, iniciará acciones de indemnización de perjuicios y denuncias formales ante el Sernac y la CMF. Por su parte, el Banco de Chile ha declinado emitir declaraciones sobre el fondo de la controversia.
