Se tratan de los ingresos de ilícitos registrados en el boletín estadístico anual 2019. De 7.972 delitos, 664 había alguien identificado, mientras que 7.308 no se sabía la identidad del agresor, es decir un 91,67% , desplazando del primer lugar a los robos. Respecto de los casos terminados en 2019 en esta categoría, 2.530 de 2.910 (86,9%) tuvieron un perpetrador sin identificar.
Uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio Público es la cantidad de imputados desconocidos, debido a que esos procesos judiciales impactan los niveles de archivos provisionales si es que nunca es identificado. Además, conlleva a redoblar esfuerzos para realizar una persecución penal eficaz y que pueda entregar justicia a las víctimas.
“Del total de casos ingresados, 650.631 presentaron imputado conocido, mientras que los restantes 857.719 casos presentaron imputados desconocidos. Lo anterior podría afectar la calidad de los términos obtenidos, que en el periodo que observó una 37,84% de salidas judicial y un 62,16% de salidas no judiciales, de ellos 881.228 archivos provisionales”, señalaba la fiscalía en un comunicado del 31 de enero.
Históricamente ha sido una constante que ilícitos como robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad tengan altos niveles de imputados desconocidos a raíz de la forma en que comenten. ¿Cómo se define? Así lo describe la Fiscalía: “Cuando no exista un registro SAF (Sistemas de Apoyo a los Fiscales) de algún documento que acredite su identificación, como tampoco el número de identificación”.
La lógica implicaba que los robos son lo que más imputados desconocidos registren por la dinámica del ilícito, pero no fue así durante 2019, una año marcado por el estallido social.
De acuerdo al boletín los ingresos de delitos de la tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad fueron 7.972, de los cuales 664 contaba un imputado conocido y el resto 7.308 no lo tenía, lo que alcanza el 91,67%. En 2018, según el boletín, se registraron un total de 2.292 en esta categoría, con un número de imputados desconocidos de 2.007 (87,57%). Esto también demuestra una explosiva alza de estos ilícitos a raíz del estallido social, un 247%.
En relación con los casos de esta categoría que tuvieron un término en 2019, 2.530 de 2.910 (86,9%) tuvieron un perpetrador sin identificar. Es decir, se indagó pero no se pudo identificar al imputado.
Robos y delitos económicos
En segundo lugar en el ranking de delitos con imputados desconocidos, quedaron los robos no violentos con 181.259 de un total de 198.342 ilícitos ingresados cuyo perpetrador no está identificado (91,39%); los robos con 106.629 de 117.930 (90,42%); Hechos de relevancia criminal con 107.115 de 120.501 (88,89%); económicos y tributarios con 126.410 de 162.446 (77,82%); y delitos funcionarios con 3.664 de 5.190 (70,6%).
En el caso de los delitos funcionarios, los delitos asociados a un caso terminado en 2019, 2.003 de 4.048 tenían imputado desconocido (49,48%). Esto quiere decir que se indagó el caso y nunca se pudo encontrar al perpetrador del ilícito.
Análisis
El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, del Estudio Manríquez y Benavides & Cía, da cuenta que las dos herramientas que permitirían disminuir la cifra de imputados desconocidos son el Banco Unificados de Datos y el ADN CODIS (registro de huella genética de condenados), pero la accidentada puesta en marcha del BUD a lo largo de estos años impacta en la persecución penal.
“Durante todos estos años, el aumento progresivo del financiamiento y problemas técnicos de aplicación práctica y la operatoria de la aplicación de este sistema ha llevado que en la práctica no preste la utilidad que se esperaba y sólo en términos muy generales ha recibido un incremento considerable de recursos”, indica Manríquez.
Respecto de las cifras de la Fiscalía Nacional, el abogado señala que “en ese contexto, en primer lugar los delitos contra los derechos humanos impactan de acuerdo a estas estadísticas una número considerable de imputados desconocidos. Eso se puede deber a que durante del estallido social a la actualidad, hubo distintas acciones consideradas represivas o delictivas por diversos tipos de víctimas en diversas zonas. A ello sumamos las querellas individuales y/o institucionales como las del INDH, presentadas contra quienes resulten responsables. No necesariamente debe pensarse que alguien oculta la identidad de ese imputado o que no será determinable, lo que ocurre que los primeros datos de la investigación no dicen quién es el imputado y en consecuencia sólo tenemos un número determinable de víctimas, no así quien serían él o los autores”.
Sobre las otras cifras agrega que “”respecto de los delitos económicos es a su vez más difícil comprender cómo es tan alta la cifra de imputados desconocidos en delitos tributarios, económicos y de corrupción pública. Normalmente en los delitos tributarios, estos los comete una persona obligada a declarar determinados impuestos o acciones que hoy son trazables por mecanismos interconectados, salvo que estos se entiendan como delitos de fraude por internet, fraude de tarjetas o falsificaciones documentales descubiertas muy a posteriori de ocurrido el perjuicio”.
“Respecto a los delitos funcionarios, quizás pueda ser una explicación similar vinculada aquellos casos en los cuales se denuncia a alguien por cohecho o corrupción, pero no se señala quien sería, sino que es genérico contra quien resulte responsable”, finaliza.
