Créditos Imagen : Marcelo Renda fron Pexels.com
En Estrado.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció ante la Contraloría General de la República a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables por dejar abandonadas a siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral, en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia.
El caso ocurrió así. El 22 de junio de 2021, en horas de la tarde, funcionarios de PDI detuvieron a diez personas de nacionalidad colombiana en Arica para ser sacados del país a raíz de los decretos de expulsión dictados, tras ser sancionados administrativamente por ingresar por un paso no habilitado.
El SJM interpuso acciones judiciales ante la Corte de esa ciudad y se acogió una orden de no innovar, con el fin de suspender la ejecución de las sanciones y se detuviera la expulsión.
El 23 de junio el tribunal comunicó pasadas las 11.00 horas la decisión. Los funcionarios policiales, que los trasladaban en bus hacia Santiago, al recibir la notificación se encontraban a la altura de Chañaral, detuvieron el bus pasadas las 17:00 horas y los bajaron sin explicación, en plena autopista Panamericana Norte, abandonándolas a su suerte en medio del desierto, sin medios para retornar a Arica, sin dinero suficiente para pasajes y señalando que su traslado y cuidado ya no era responsabilidad de la Policía de Investigaciones.
“El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, señala Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
La denuncia
La denuncia dirigida a la PDI y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por “actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios” y solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia.
Estas acciones “revisten caracteres de especial gravedad”, señala la denuncia interpuesta configurando “una evidente infracción al respeto de los derechos de las personas afectadas por ellos, y que deben ser tutelados por los órganos de la Administración del Estado”.
Asimismo, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión.
La denuncia también considera que se trata de una “afectación del legítimo ejercicio de los derechos de tales personas, que no solo adopta la forma de un vejamen injusto y de un trato indigno, sino que también supone exponerlos a los peligros que implica encontrarse abandonadas en el desierto”. El documento, además especifica explícitamente que los funcionarios de la PDI, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Arica, debían cumplir con su deber, señalando que en tanto funcionarios públicos, la gestión y costo del traslado a su ciudad de residencia debe “ser de responsabilidad de los mismos órganos públicos que estaban a cargo del procedimiento, que en ningún caso podían desentenderse de él”.
