Los diputados Juan Santana y Luis Cuello instaron al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a nombrar un persecutor especial debido a la alta complejidad que implica revisar 56 decretos de rebaja de condenas concedidos a autores de delitos sexuales contra menores. La acción penal imputa a las autoridades del Ministerio de Justicia el delito de prevaricación administrativa por haber vulnerado normas legales expresas para dar paso a criterios jurisprudenciales.
En una arremetida que eleva la presión sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) solicitaron formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para dirigir la investigación penal abierta contra el titular de la cartera, Fernando Rabat, y el subsecretario de la repartición, Luis Silva.
La petición de los parlamentarios busca imprimir celeridad y foco especializado a la causa por el presunto delito de prevaricación administrativa. A juicio de los denunciantes, la causa reviste un carácter de alta complejidad técnica y procesal, toda vez que “requiere revisar una alta cantidad de decretos de rebaja de condena”. Asimismo, la presentación enfatiza la conmoción pública del caso y el perfil de los involucrados, subrayando que “la investidura de las personas a investigar es de relevancia e involucra a hechos que afectarían a menores de edad, por lo que se trata de hechos de la máxima gravedad”.
El sustento de la denuncia
La acción penal tramitada ante la Fiscalía Nacional cuestiona la dictación de los 56 decretos exentos que beneficiaron a personas condenadas por abuso sexual y violación contra niños, niñas y adolescentes. Según el escrito elaborado por la oposición, las autoridades del Ministerio de Justicia habrían incurrido en la figura contemplada en el artículo 228 del Código Penal al dictar resoluciones manifiestamente ajenas a derecho.
El eje central de la imputación sostiene que la cartera justificó las rebajas de pena apoyándose en interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Suprema respecto de la retroactividad de la Ley N° 21.421, con el argumento declarado de evitar “una judicialización innecesaria de materias ya resueltas”. Sin embargo, la denuncia enfatiza que el artículo 17 de la Ley N° 19.856 establece prohibiciones expresas e infranqueables para conceder reducciones de condena a autores de ilícitos sexuales contra menores.
En ese marco, la presentación de los diputados remarca que “el Ministro carece de competencia para hacer prevalecer criterios jurisprudenciales por sobre una norma legal expresa”, así como tampoco posee facultades para alterar el principio general del efecto relativo de las sentencias judiciales.
Tras ingresar el requerimiento, el diputado Luis Cuello aseveró que “el ministro Rabat le miente al país y le miente a las víctimas y sus familias. Ninguna ley lo obligaba a liberar pederastas”, dijo a radio Bíobío. El legislador oficialista profundizó en el tipo penal argumentando que “Esto es ilegal y lo que establece el Código Penal es que cuando se dicta una resolución que es manifiestamente injusta y contraria a derecho y en este caso a norma expresa, se aplica este tipo penal. Por eso hemos venido a denunciar”, añadiendo que la autoridad “tenía la obligación de denegar la rebaja de condena”.
Por su parte, el diputado Juan Santana calificó de impresentables las explicaciones de La Moneda y fustigó la permanencia de la autoridad en el gabinete, manifestando que “Este gobierno será recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad. Tomaremos la vía penal para empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas y ponen en riesgo la seguridad de chilenos y chilenas”.
Transversalidad en los pedidos de renuncia
La judicialización del caso se suma a un escenario político complejo para el Ministerio de Justicia, donde las exigencias para que Rabat abandone el cargo han traspasado los límites de la oposición.
Desde el oficialismo, el senador Rojo Edwards abogó abiertamente por la salida del secretario de Estado para descomprimir la crisis del sector. En declaraciones radiales, el parlamentario planteó que “la magnitud del error es tal que creo que el ministro no debiese seguir”, agregando que “la magnitud del error es tan grande que creo que el ministro no debiese seguir y ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”.
A estas voces se sumó el Partido Por la Democracia (PPD), colectividad que emitió una declaración pública tildando lo ocurrido como “indignante y de absoluta gravedad”. En el escrito, la tienda advirtió que la resolución administrativa constituye “un riesgo para la sociedad y una señal de impunidad inaceptable”, instando al Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata del ministro para hacer efectiva la responsabilidad política y encomendar la revocación de los actos administrativos cuestionados.
