Mientras el biministro Claudio Alvarado calificó como un “error” que suele ocurrir la extralimitación de funciones de la exsecretaria de Estado, desde la oposición y la academia jurídica advierten una falta gravísima. El diputado Raúl Leiva (PS) sostiene que el mérito jurídico para un libelo está “acreditado”, mientras que el exministro Jaime Gajardo descarta la tesis del error administrativo, calificando el hecho como una actuación “fuera de la órbita de sus competencias”.
El reciente dictamen de la Contraloría General de la República, que estableció que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus facultades y vulneró el deber de abstención al solicitar información sensible a la PDI sobre el “Clan Chen”, ha desatado una tormenta de reacciones en el mundo judicial y legislativo. El pronunciamiento del ente contralor no solo confirmó que la exautoridad actuó fuera del marco legal, sino que ha puesto en tela de juicio la defensa corporativa que el Ejecutivo ha desplegado en las últimas horas.
El blindaje de La Moneda: “Todos podemos cometer errores”
Desde el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, lideró la estrategia de contención. El secretario de Estado intentó matizar la gravedad del reproche administrativo, señalando que “todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error”. Alvarado enfatizó que, si bien el Gobierno acata y respeta el fallo para que sirva de referencia hacia adelante, mantienen un reconocimiento al aporte de Steinert durante sus 69 días en el cargo.
Sin embargo, esta postura de “normalización” fue duramente criticada por no hacerse cargo de la especificidad técnica del dictamen, que apunta a que Steinert pidió fichas detalladas de detectives que ella misma supervisaba en su rol anterior como fiscal regional en Tarapacá.
Mérito para la Acusación Constitucional
Para el jefe de la bancada del PS, Raúl Leiva, el escenario trasciende lo administrativo. El parlamentario, quien fue uno de los que solicitó el pronunciamiento a Contraloría, planteó que una acusación constitucional (AC) contra la exministra ya cuenta con el sustento necesario. “En lo jurídico la Contraloría entrega un título indubitado de incumplimiento de ley de Constitución. O sea, no es una interpretación”, recalcó Leiva en declaraciones a Tele13 Radio.
A juicio del diputado, el dictamen es lapidario porque acredita que se pudo haber puesto en riesgo una investigación penal en curso al solicitar la individualización de los agentes operativos. No obstante, admitió que, aunque lo jurídico esté “acreditado”, la presentación del libelo es un tema que “hay que evaluar y ponderar” desde el punto de vista del clima político actual.
Exministro Gajardo: “Esto no es un error, es una falta muy seria”
A la controversia se sumó el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien refutó categóricamente la tesis del “error” planteada por Alvarado. En conversación con Radio ADN, el extitular de Justicia sostuvo que “esto no es un error. Esto es actuar fuera de la órbita de sus competencias”.
Gajardo fue enfático en señalar que lo que uno espera de un ministro de Seguridad es que no exceda sus atribuciones constitucionales. “Lo que le dice la Contraloría acá no es que ya cometió un error, llegó tarde un día a una reunión. No es un error administrativo. Esto es una falta muy seria, muy grave”, añadió. Asimismo, advirtió que los motivos de la exministra abren escenarios complejos: si fue por desconocimiento es preocupante, y si hubo otras motivaciones, el caso reviste una gravedad mayor que el Gobierno debería reconocer con claridad.
