Del total de 846 docentes que recurrieron al tribunal internacional, 187 fallecieron esperando que Chile cumpliera fallos judiciales que ordenaban pago de la denominada “deuda histórica”. Ahora, el Estado tiene un plazo de 3 años para saldarla, según establece el dictamen internacional.
Chile deberá indemnizar a los 846 profesores que demandaron al Estado por las asignaciones previsionales impagas, hecho conocido como la deuda histórica.
Así quedó zanjado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana dio a conocer su sentencia, en la que condena al Estado a pagar más de 88 millones de dólares de indemnización a los docentes, en el marco del proceso que lleva casi 18 años en el sistema internacional de justicia.
Ello deberá concretarse dentro de un plazo máximo de tres años y Chile no tiene recursos para revertir el dictamen.
Así lo explicaron los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava, quienes patrocinaron la demanda por incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago en cuestión, pero que nunca se materializó, lo que significó –además- que 187 profesores fallecieran esperando resultados, pero que ahora beneficiará a sus herederos.
Alexandra Orrego fue quien estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar al Estado, y según detalló, “se trata de 846 víctimas que obtuvieron en su momento, en los años 93 y 97, sentencias ejecutoriadas a su favor en contra de los municipios de Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue y que no fueron cumplidas por parte del Estado chileno.
“Ha sido un largo camino, tres décadas, luchando por derechos de profesores, pero es una parte muy pequeña del profesorado, y se ha logrado después de casi 30 años de litigio”, agregó, enfatizando que “con esta luz de esperanza, tenemos nuevos desafíos para seguir luchando y tratar de que los derechos de todos los profesores sean reparados”.
Lo que viene tras la sentencia
Ciro Colombara explicó que la sentencia, que se dictó “de manera unánime”, acogió la presentación respecto del Estado de Chile, siendo ello histórico no solo para los profesores y profesoras del país, sino que también es histórico a nivel internacional.
“Por primera vez un Estado es condenado por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, por haber violado el derecho de propiedad y las garantías judiciales por haber violado el acceso a la justicia. Esta sentencia favorece a 846 profesores y obliga al Estado de Chile a pagar, en un plazo de 3 años, más de 4 millones de dólares por concepto de daño moral, que es lo que nosotros habíamos solicitado, y cerca de 84 millones de dólares por concepto de daños materiales o daños directos, es decir, debe restituirle aquello que los profesores y profesoras debieron haber recibido hace muchos años con reajustes a partir del 20 de julio del año 2021”.
Sobre la condena en costas al Estado, Colombara argumentó que “la sentencia nos dio la razón en un 100% de nuestras peticiones y, si bien estamos muy satisfechos por el resultado, no podemos sino lamentar que cerca de un 20% de los docentes que hemos representado, con tanto orgullo, hayan fallecido durante este proceso”.
“También tenemos que lamentar que esta sentencia solo favorezca a una cantidad menor del total de profesores y profesoras afectadas. Hemos conversado con el Colegio de Profesores y próximamente vamos a avanzar en acciones respecto del resto de las personas afectadas en nuestro país”, adelantó Colombara.
