El Consejo para la Transparencia constató que hay más de $781 millones desembolsados que no cuentan con un respaldo que permita conocer el detalle de su uso
El Consejo para la Transparencia dio a conocer los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada durante 2025, que analizó el nivel de acceso a información sobre los gastos de representación, protocolo y ceremonial ejecutados por organismos de la Administración Central y gobiernos regionales durante el año 2024.
Se trata de aquellos gastos, autorizados por el marco jurídico vigente, en que se incurre para la realización de inauguraciones, aniversarios, obsequios, reuniones, atención a autoridades, delegaciones y huéspedes ilustres, siempre que guarden relación con las funciones del organismo que incurre en ellos y participen sus autoridades superiores.
El proceso de fiscalización consideró a 419 instituciones públicas, y constató que, si bien 158 organismos cumplen con la obligación de informar este tipo de gastos, existen falencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que generan dificultades que no permiten realizar un completo escrutinio respecto del destino de estos recursos públicos. En específico, el informe reveló que 95 organismos (23%) no cumplieron con su obligación de informar correctamente estos gastos, ya sea por no contar con la sección específica y obligatoria de transparencia activa para publicarlos (63) o por no contar con información de gastos de representación y protocolo sin incluir un mensaje que indicara que no ejecutaron recursos por este concepto (32).
Conforme se señaló, solo 158 instituciones informaron haber realizado este tipo de gastos durante 2024, los que, en conjunto, sumaron $3.428 millones. Sin embargo, el Consejo constató que hay $781 millones en gastos —casi una cuarta parte del total— en que no es posible identificar con claridad para qué se usaron, debido a descripciones genéricas o antecedentes incompletos que impiden conocer la actividad que fue financiada con recursos públicos.
Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “la ejecución presupuestaria de los distintos organismos públicos constituye un deber de transparencia activa, cuyo cumplimiento no es opcional. Cuando la información relativa al destino, objetivo y uso de los recursos públicos es vaga o incompleta, no se puede realizar un control adecuado respecto del buen uso de los recursos de todos los chilenos. No publicar información, o publicar información parcial, como aquella que indica el monto del gasto, pero sin explicar cuál fue el bien o servicio contratado o el contexto del gasto no cumple con el estándar de transparencia que exige la Ley de Transparencia y su normativa asociada.”.
“Este tipo de gastos está autorizado por el marco legal vigente. Empero, y como mandata la ley, deben transparentarse y ponerse la información a disposición de la ciudadanía de manera completa, sobre todo si se considera que se trata de gastos que deben ser excepcionales y estar plenamente justificados”, agregó González.
Sobre el destino de los recursos informados para 2024, la fiscalización evidenció también que los mayores montos se concentraron en producción de eventos (36%), servicios de banquetería y coffee break (16%) y arriendo de equipos audiovisuales (10%). En cuanto al propósito más habitual de los gastos, fue la destinación a ceremonias, inauguraciones y conmemoraciones con un 43% del gasto total.
Frente a estos resultados, el Consejo para la Transparencia anunció que oficiará a los organismos que presentaron incumplimientos para que den pleno cumplimiento a la normativa, y remitirá los antecedentes a las Comisiones de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, a la Dirección de Presupuestos, a la SUBDERE, a la AGORECHI y a la Contraloría General de la República, además de impulsar acciones para mejorar la claridad y calidad de la información publicada.
