La disputa administrativa y legal por la ampliación de la cárcel Santiago 1 sumó un nuevo capítulo de tensión este miércoles. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respondió con dureza a las recientes declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien defendió la necesidad de habilitar 1.600 nuevas plazas en el recinto y manifestó su intención de invitar al edil a la futura inauguración de las obras. Para el jefe comunal, dicho gesto no representa una voluntad de diálogo, sino que constituye una “prepotencia infinita”, al dar por sentado un proyecto que aún enfrenta resistencia territorial y jurídica.
En el plano técnico-judicial, Desbordes sostuvo que tanto el ministro Fernando Rabat como el subsecretario Silva “no tienen idea de cómo funciona el sistema penitenciario todavía”, contrastando la actual gestión con la “estupenda” comunicación que mantenía con el anterior subsecretario, Jaime Gajardo. El alcalde, quien recordó su trayectoria profesional en Gendarmería y en el diseño de cárceles concesionadas, advirtió que la lógica de expansión del Ejecutivo es errónea: “Cuando usted habilita 1.600 plazas, a la vuelta de dos o tres años tiene 3.000 o 4.000 personas”. Según el edil, el recinto terminará albergando a 5.000 internos, sin resolver el problema de fondo del hacinamiento.
Desde la perspectiva procesal, el jefe comunal enfatizó que el municipio no ha agotado sus herramientas legales., Desbordes aseguró que “no están cerradas todas las causas” que la municipalidad tiene para oponerse formalmente a la obra, contradiciendo la postura del Gobierno que busca enviar próximamente las bases de licitación a la Contraloría. Asimismo, la autoridad municipal calificó como una “amenaza” el argumento de que el sistema “va a explotar” si no se interviene Santiago 1, instando al subsecretario a informar mejor a sus asesores sobre la realidad del radio urbano.
Mientras el Ejecutivo proyecta la creación de 20.000 nuevas plazas penitenciarias para el año 2030, el foco judicial del municipio permanece en la protección del entorno urbano y la saturación del penal existente. Por ahora, la relación entre el Palacio Consistorial y el Ministerio de Justicia se mantiene en un punto de quiebre, a la espera de que los tribunales o los organismos fiscalizadores resuelvan la viabilidad de un proyecto que, para Desbordes, solo replicará los vicios de sobrepoblación que se pretenden combatir.
