Mauricio Oviedo. Abogado. Ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental.
Desde hace más de cuatro meses enfrentamos la pandemia del coronavirus y con ello, un escenario de incertidumbre que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y la manera a como estábamos acostumbrados a trabajar. A pesar de esto, desde un primer momento nuestra premisa fue que la justicia ambiental no puede detener su camino.
Cierto es que -aunque intempestivamente nos vimos forzados a implementar acciones que nos permitieran, en primer lugar, proteger la salud del equipo y nuestros usuarios- hemos dado la continuidad necesaria a la actividad jurisdiccional.
En la premura que nos impuso la emergencia sanitaria lo primero que hicimos fue preocuparnos de cada uno de los funcionarios, de su bienestar y el resguardo de su salud. Para eso, desde la semana del 16 de marzo implementamos la modalidad de teletrabajo para el equipo completo del tribunal. Nos asegurábamos así de disminuir los riesgos de contagio de los funcionarios y también, contribuir a su tranquilidad emocional en medio de tanta incertidumbre.
Con esa primera medida dimos continuidad al trabajo judicial y administrativo. Para hacerlo de la mejor manera, realizamos el levantamiento de brechas y necesidades operativas de cada uno. Posteriormente, entregamos las herramientas necesarias para que pudiesen realizar su trabajo de manera óptima.
El segundo paso, fue retomar las audiencias a través de videoconferencia con el fin de no afectar la labor judicial y cumplir con la premisa que desde un primer momento nos impusimos.
Con satisfacción puedo decir que hemos desarrollado de manera exitosa las audiencias resguardando las garantías judiciales del proceso. Para esto establecimos un protocolo de seguridad de la información y hemos brindado el apoyo informático necesario a todos los intervinientes.
Es importante destacar que nuestra actuación desde un comienzo ha estado al alero del soporte normativo expendido por la Ilustrísima Corte Suprema a través de los Auto Acordados N°41-2020. N°42-2020 y la Resolución ADF N°335-2020 que fijaron los principios básicos que regulaban el actuar del Poder Judicial durante la contingencia y luego la Ley 21.226 publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 2020 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales por el impacto del covid-19 en Chile.
Compatibilizar los diversos desafíos que nos impone la situación actual, no ha influido en procurar que nuestra actuación se lleve a cabo con apego irrestricto a nuestra carta valórica y a nuestra misión. El actuar de manera remota no nos aleja de la carta rectora que hemos establecido y que como fundamento central establece “resolver las disputas socioambientales que surjan en la jurisdicción de manera justa, accesible, efectiva y eficiente…”.
No obstante, lo anterior, debemos reconocer que tenemos una limitación establecida en la ley de régimen jurídico de excepción respecto a los elementos probatorios. En ese sentido la tramitación de la prueba en casos de demanda por daño ambiental se encuentra suspendida y solo podemos llegar hasta la etapa de conciliación.
Otra restricción tiene que ver con el proceso que se lleva a cabo en las reclamaciones y las medidas para mejor resolver como las visitas de inspección del tribunal a la zona de influencia de un proyecto. Y si bien, no es un aspecto determinante para fallar en una causa, nuestro tribunal en la medida de lo posible siempre ha querido conocer de primera fuente los hechos materiales de la controversia para ver en terreno lo que se alega en el estrado.
A pesar de dichas limitaciones, debemos reconocer que las herramientas tecnológicas han sido nuestro principal aliado.
Ya teníamos un camino medianamente sembrado con la tramitación electrónica de causas, bajo el alero de la Ley 20.886, que permite que se puedan ingresar causas a distancia y permite tener digitalizado los expedientes que pueden ser consultados por cualquier persona desde cualquier lugar. El Poder Judicial ha sido un organismo pionero en la simplificación de trámites, transparencia y eficiencia. Nosotros como tribunal especializado hemos seguido su camino.
También, creemos que en otra arista de nuestra labor los avances tecnológicos pueden ser un factor determinante en el camino impuesto de hacer realidad el acceso igualitario a la justicia y en el fortalecimiento del acceso a la justicia ambiental porque abre una puerta a la capacitación a distancia sin tener que trasladarnos o que alguna persona se traslade. Ahí tenemos un gran espacio para trabajar.
Ahora bien, uno de los aspectos que han marcado nuestro andar en estos más de cuatro meses ha sido el compromiso del equipo. Cada persona que compone el tribunal desde su vereda y ámbito de acción ha actuado con responsabilidad, diligencia y mucha voluntad para no retrasar ninguna causa y continuar, además, con el trabajo administrativo.
Nos importa de sobremanera el bienestar emocional y familiar de cada uno de los integrantes del equipo del tribunal por lo que consideramos importante reforzar las medidas preventivas y hacerles saber la importancia de que puedan conciliar de buena manera la vida personal y laboral, tomando los tiempos adecuados de descanso y la necesaria desconexión digital.
Afortunadamente, ha emergido hoy más que nunca la trascendencia que tiene construir comunidad, mantenernos unidos y reforzar nuestro compromiso institucional para construir fiabilidad.
Por ahora continuaremos con el trabajo a distancia a través del teletrabajo y videoconferencia para las audiencias. Entendemos que todo está cambiando y el corto plazo es completamente cambiante. Sabemos que tenemos desafíos que abordar y que todavía quedan espacios de mejora porque no sabemos cuánto de esta nueva forma llegó para quedarse.
