Manuel Guerra Fuenzalida. Abogado. Ex fiscal regional Oriente del Ministerio Público. Profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián.
Recientemente ha asumido como Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez, abogado y académico con vasta trayectoria en el sistema procesal penal chileno así como en el extranjero, en donde ha desarrollado una interesante carrera como consultor y profesor en la implementación de los sistemas acusatorios de diversos países.
Sin duda que se trató de un proceso complejo, en el cual existieron múltiples descalificaciones hacia diversos candidatos y una actuación poco adecuada de parte del Poder Ejecutivo y del Senado de la República, lo cual sin duda lleva a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el sistema de elección de la máxima autoridad de la Fiscalía evitando o disminuyendo la intervención de actores políticos en dicha designación.
Ahora, que ha cesado dicho proceso, es necesario centrarse en los desafíos que deberá enfrentar el Ministerio Público, tanto en lo inmediato, como a mediano y largo plazo.
Habiendo transcurrido ya más de dos décadas desde que se comenzó a implementar nuestro sistema procesal penal surgen una serie de temas en los cuales se hace necesario establecer modificaciones tanto normativas como de prácticas que perjudican o debilitan la persecución criminal.
En ese sentido, parece bueno centrarse en aquellas modificaciones que requiere el Ministerio Público que no pasan solo por reformas legales, las cuales son de lenta tramitación, sino que especialmente en aquellos procesos de trabajo y prácticas que dependen de la propia institución y en donde las decisiones del Fiscal Nacional son esenciales a fin de mejorar los resultados que muestra el Ministerio Público los cuales han ido a la baja desde hace ya varios años.
En primer lugar, es fundamental que se establezcan prioridades ante el numeroso e caudal de denuncias existentes que superan largamente el millón de casos, de los cuales en un bajo porcentaje se logra esclarecer los hechos denunciados.
Lo anterior, supone privilegiar aquellos hechos que penalmente son más graves tanto en función de la pena asignada en la ley como por el efecto que producen en los afectados, así como en la población en general.
Si se miran las cifras del Ministerio Público, puede observarse la escasa eficacia que existe en las investigaciones por delitos contra la propiedad en especial en los robos con fuerza en lugar habitado como en los robos con violencia o intimidación en donde el porcentaje de esclarecimiento no supera el 10% del total de hechos denunciados.
Lo anterior, por la elocuencia de las cifras debe llevar sin duda a efectuar cambios que permitan darle eficacia a la labor de la Fiscalía, ya que, si se continúa haciendo lo mismo, aunque sea con mayor dotación (sentida aspiración de la Fiscalía), los resultados no variarán sustancialmente.
Desde ya, parece fundamental revisar la organización del Ministerio Público en la Región Metropolitana que agrupa el 37% de los habitantes del país, en donde la actual división geográfica en 4 Fiscalías Regionales aparece superada por la realidad. En ese sentido, si bien es cierto que hay lógicas territoriales que deben ser consideradas, frente a la expansión de los delitos violentos como robos y homicidios, se hace fundamental dar respuestas inteligentes que superen la lógica de parcelas que ha caracterizado a la Fiscalía desde el origen del sistema procesal.
Sobre esa base, resulta necesario resolver en un tiempo breve que temas pueden verse regionalmente, esto es por sobre las estructuras actualmente existentes, y en donde se pueden observar al menos 3 asuntos que requieren un abordaje único como son la creación de una Fiscalía de Flagrancias Metropolitana que atienda las necesidades de las 4 zonas en que se encuentra dividido el Ministerio Público en la Región Metropolitana, la creación de una Fiscalía de crimen organizado, que se haga cargo de fenómenos como el tráfico de drogas, los homicidios por encargo, los secuestros, cuando estos sean producto de la actividad de organizaciones criminales complejas que no son posibles de abordar adecuadamente con la estructura existente al día de hoy. Finalmente, la unificación de los sistemas de análisis criminal bajo una sola dirección metropolitana y con competencia en toda la región a fin de poder abordar los hechos cometidos por bandas criminales que cometen delitos son considerar la división geográfica de la fiscalía.
De igual modo, deben crearse unidades especiales constituidas por fiscales conocedores de las realidades locales que persigan el crimen organizado en la macrozona norte y en la macrozona sur, ambas zonas abandonadas por el Estado y en donde objetivamente existe una pobreza de recursos que no hace sostenible una actividad eficiente por parte de la Fiscalía.
El estudio al que he hecho mención debe tener por finalidad ver que recursos existen y como pueden aprovecharse de mejor forma para luego determinar en forma seria cuales son las reales necesidades de la Fiscalía.
Junto con lo anterior, resulta de la esencia acometer un proceso de modernización informática en el Ministerio Público, el cual hoy cuenta con sistemas obsoletos y con información que no resulta lo suficientemente provechosa debido a la falta de actualización tanto a nivel de tramitación de casos como en el ámbito de análisis de información.
Todo lo ya expresado, requiere el concurso de todos quienes trabajan en la Fiscalía, pero hacen necesario también un apoyo consistente de parte del resto del Estado, especialmente del Ejecutivo generando una coordinación efectiva a fin de evitar la segmentación de la información y generar un verdadero sistema de persecución criminal en que cada uno de los actores se haga cargo de sus responsabilidades pero con una mirada integral como Estado, sin la búsqueda de pequeñas ventajas institucionales que solo reflejan la mezquindad en el ejercicio de las funciones públicas.
