Créditos Imagen : Fiscalía Oriente
Felipe Sepúlveda. Fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Durante los 21 años de funcionamiento de la Reforma Procesal Penal han surgido numerosos desafíos para los actores del sistema de justicia criminal, particularmente para la Fiscalía . Uno de ellos es el que conlleva pasar del predominio de la persecución de la flagrancia a indagar, perseguir y juzgar delitos que tienen ciertas características, tales como: la concurrencia de numerosas víctimas o imputados, involucramiento de funcionarios públicos de alto rango, la existencia de estructuras criminales organizadas, la necesidad de utilizar técnicas de investigación más sofisticadas que las habituales, intervención de policías especializadas, perjuicios económicos de mayor cuantía, intervención de peritos altamente especializados, actividades investigativas de largo aliento, etc.
Estas son algunas de las características de lo que se ha denominado coloquialmente como casos de “alta complejidad”, fenómeno delictivo que no es nuevo, pero que desde mediados de la década pasada ha tenido en nuestro país una mayor visibilidad, habiéndose internalizado en la opinión pública la alta dañosidad social de esta clase de delitos, generando conmoción y amplio debate en la opinión pública cuando se conocen estos casos.
Así, los esfuerzos investigativos enfocados en el resolver los ingresos criminales “caso a caso” han ido mutando o se han enfocado en una lógica un tanto diferente, cual es tratar de resolver de la mejor forma posible estas causas de alta complejidad. Se pudo constatar empíricamente que la forma tradicional de abordar estos casos en la Fiscalía no es la adecuada, ya que resulta en extremo difícil al fiscal que tiene que cumplir todos sus quehaceres habituales, tenga además que dedicar el tiempo que en verdad no tiene a estas causas complejas. Por ello, es que numerosas Fiscalías Regionales han creado Fiscalías de Alta Complejidad, que en general constituyen equipos más reducidos de trabajo, los que se abocan al conocimiento de causas que reúnen estas características, para dedicarles el tiempo que se merecen a los casos complejos.
El tipo de causas que merece este calificativo depende de los fenómenos delictivos locales, acorde a la realidad de cada región. Así, en algunas regiones podrán ser casos de alta complejidad ciertos delitos económicos y de corrupción, en otros lugares merecerán ese calificativo los ilícitos cometidos por organizaciones dedicadas al narcotráfico, o las bandas que se dedican al robo de cierto tipo de especies o la comisión de delitos de violencia rural, etc.
Hoy en día, en plena pandemia, las expectativas que existen sobre los resultados de las Fiscalías de Alta Complejidad se mantienen e incluso, se han acrecentado, derivadas precisamente de los vivos anhelos de la comunidad en orden a que quienes cometen esta clase de delitos sean en realidad sancionados en forma proporcional a la magnitud de los hechos que cometen. Demás está decir que estos deseos no siempre se satisfacen, habiendo una gran cantidad de factores que conspiran para que ello suceda.
Estimo indispensable que mejore sustancialmente la oferta de policía especializada para investigar este tipo de casos. Si bien, tanto la PDI como Carabineros cuentan con unidades especializadas, que pueden abocarse a investigar estos casos, en verdad tales brigadas tienen dotaciones insuficientes, lo que importa que en la práctica sea difícil que se cumpla el objetivo de mayor dedicación a las investigaciones. Las policías deben aumentar sus dotaciones y capacitar a sus funcionarios de forma más masiva, para que se cumpla el objetivo de realizar pesquisas más exhaustivas, como estos casos precisamente requieren.
En la actualidad muchos de estos delitos complejos se comenten o se prueban a través de medios informáticos, tales como mensajería de teléfonos móviles, correos electrónicos, archivos sitos en dispositivos, etc. Resulta trascendental que la obtención, extracción y análisis de esta clase de evidencia informática se haga con celeridad. Debido a que existen muy pocas unidades policiales que realizan esas tareas, los tiempos de obtención de resultados pueden ser de varios meses e incluso años, lo que naturalmente conspira de forma muy grave para estos objetivos. Creo que las policías de forma urgente deben tomar cartas en el asunto, destinando recursos especializados para afrontar la cada vez numerosa demanda de requerimientos de este tipo.
Otro de los aspectos en que pongo las alertas, es la realización de juicios orales de casos de alta complejidad de particularmente larga extensión. Pongo como ejemplo el juicio oral del caso Corpesca, el que –pandemia de por medio- tuvo una duración de aproximadamente dos años. El impacto en equipos pequeños como son en general son las Fiscalías de Alta Complejidad de juicio orales de larga extensión es enorme. No solamente por la comparecencia a las audiencias del juicio, sino que la preparación del mismo, que puede ser incluso más extensa que el juicio mismo. Ello implica que mientras se prepara y desarrolla un juicio oral de este tipo, la atención a los otros casos decrece. Peor aún, si mientras se desarrolla un juicio como estos el equipo debe además asumir otro juicio oral similar el problema que ya era difícil, se puede tornar inmanejable. Lo anterior también es aplicable a los tribunales, ya que deben dedicar de forma exclusiva a equipos de jueces para estos “mega juicios”, abstrayéndolos por largo tiempo del conocimiento de los demás casos.
Sería deseable que se realicen ciertas reformas legales al Código Procesal Penal que permitan ampliar la oportunidad y el marco de las penas del procedimiento abreviado, otorgar al juez de garantía mayores atribuciones a la hora de fijar convenciones probatorias a los aspectos que no serán controvertidos en el juicio, propender a la eliminación de la exigencia de lectura de los documentos en el juicio oral, etc. todo lo anterior con miras a hacer más cortos y expeditos los juicios, circunscribiéndolos a lo realmente controvertido, aspectos que unidos a una mejora de la práctica jurídica de todos los intervinientes puede conllevar a que los juicios de este tipo tengan una duración razonable.
Por otro lado, la opinión del Ministerio Público es que se cree una Fiscalía de Alta Complejidad de competencia nacional, con dotación y recursos acordes al trabajo que va a asumir. Que ello sea realidad depende de los poderes colegisladores del Estado, los que no han manifestado interés -hasta ahora- en que dicha unidad se haga realidad. Más allá de ello, la Fiscalía debe capacitar permanentemente a sus fiscales y funcionarios para que puedan dedicarse a casos de esta naturaleza, fijándoles metas que permitan medir más allá de indicadores estadísticos, la incidencia, relevancia y efectividad de la Fiscalía de Alta Complejidad en la resolución de estos casos más sofisticados.
Finalmente, estimo que el conocimiento de estos casos de alta complejidad será cada vez más frecuente. Por ello, es que todos los que intervenimos en ellos, fiscales, policías, abogados y jueces debemos prepararnos y tomar los debidos resguardos para poder realizar nuestras funciones acordes el imperativo que la sociedad nos exige.
