Por Magdalena Fabres, abogada de Arteaga Gorziglia.
La Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad, publicada en el Diario Oficial hace un poco más de un año, y que entró plenamente en vigencia en marzo de este año 2025, trajo consigo importantes cambios en el ámbito de la ciberseguridad. Esta ley exige a las empresas prestadoras de servicios esenciales y a los operadores de importancia vital, el cumplimiento de estándares elevados de prevención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Sin perjuicio de que su entrada en vigencia significó un gran avance en esta materia, aún queda camino por recorrer para lograr los resultados que a través de ella se quieren alcanzar.
En primer lugar, aún se debe realizar la primera calificación de los operadores de importancia vital, según el procedimiento establecido en la ley y en el reglamento publicado en marzo de este año.
En segundo lugar, es fundamental el avance y compromiso por parte de todos los actores involucrados. Las empresas deben realizar evaluaciones de los procesos internos para detectar debilidades e incumplimientos normativos, identificando áreas vulnerables y desarrollando estrategias de mitigación para asegurar que el cumplimiento de la norma se integre de manera efectiva en la estrategia y sustentabilidad de la organización.
Por su parte, la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, creada por la ley, tiene un rol fundamental en cuanto a fiscalizadora, pero también como impulsora de la ley. La Agencia debe colaborar con los actores involucrados y velar “por la protección, promoción y respeto del derecho a la seguridad informática”, según lo establece la misma ley.
Por último, un gran desafío será cómo tanto la ley y los actores involucrados se adaptan a los rápidos y constantes avances en materia tecnológica, los que a su vez llevan a mayor sofisticación en materia de cibercrimen. Estos avances requerirán de mejoras constantes en los sistemas de prevención y respuesta, y permitirán medir la capacidad adaptación de la ley a dichos cambios.
