Jörg Stippel, Doctor en Derecho. Asociado de la Asociación de Pensamiento Penal Chile (APP).
Una entrevista del ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, emitida ayer en CNN me hace ver que era una persona totalmente inidònea para el cargo que desempeñó.
Micco nos habla del “orden cultural que establece” el proyecto de nueva Constitución. Entiende que “es una constitución extraordinariamente liberal, individualista, salvo los derechos colectivos que establecen a favor de los pueblos originarios”. Le preocupa que la “palabra derechos aparece 422 veces en la Constitución” y “la palabra deberes apenas 49 veces”. Esta convencido que “una sociedad que sólo proclama derechos individuales y que le exige al Estado que lo garantice, es una sociedad que no va a funcionar”. Para graficar su punto de vista, nos pregunta: “¿De qué sirve que la Constitución diga que tenemos derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, si las habitantes de Chile tiran basura y hacen fogatas en Torres del Paine? ¿Habrá un Carabinero del Estado garantizando que eso no ocurra?” Sigue preguntándose “¿De qué sirve que la Constitución establezca el derecho a la salud, si las personas, cada uno de nosotros, no cuidamos nuestro cuerpo?”.
Lo pueril de la argumentación del Doctor en Filosofía queda a la vista, si aplicamos su lógica a la normativa e institucionalidad que él mismo encabezó durante los últimos años.
La ley que crea el INDH dispone que ese tiene “por objeto la promoción y protección de los derechos humanos” (art. 2 de la Ley 20.405). Si ahora hacemos el mismo ejercicio, vemos que la normativa del instituto habla 24 veces de derechos y ni una sola vez de deberes. Desde esta perspectiva, hubiera sido consecuente, que Micco en vez de “aprobar” su cargo con el respectivo sueldo, hubiera rechazado trabajar en base a una normativa tan individualista. Podría haber dicho que un instituto que funciona en base a una normativa que “solo proclama derechos individuales” es un instituto que no puede funcionar. Si ahora usamos su ejemplo de los habitantes de Chile que tiran basura y hacen fogatas, tendríamos que preguntar “¿De qué sirve un Instituto que debe proteger los Derechos Humanos, si estos se violan todos los días? ¿Habrá un juez castigando estas conductas?” O su otro gran ejemplo, “¿De qué sirve un Instituto de Derechos Humanos, si cada uno de nosotros no defendemos nuestros derechos?”.
Es una lógica que parte de una concepción autoritaria de la función del derecho. Este sirve para decirnos lo que debemos hacer, pues no se nos puede confiar. No podemos decidir por cuenta propia. Somos unos súbditos que requieren que la autoridad nos imponga deberes, pues caso contrario seríamos unos irresponsables. Estamos frente a un paternalismo autoritario que nos ayuda a proteger la naturaleza y “nuestra” salud. No es necesario garantizar nuestro derecho a la salud, si no la cuidamos y nos atrevemos a comer algo con “tres sellos de peligro”, pues incumplimos un deber y así perdemos el derecho. No importa que no todas y todos podamos comer frutas orgánicas, o debido a una paupérrima legislación laboral, medioambiental u otros factores no podamos proteger nuestra salud porque tenemos que vivir de algo. Tenemos el deber de cuidarnos y si lo incumplimos, quedamos a la merced del Estado subsidiario, tenemos que agradecer si se nos permite recuperarnos. En ese ideario, la Constitución se convierte en un instrumento de poder al servicio de las élites de turno.
Menos mal, que todavía podamos rechazar posiciones como la de Micco y aprobar que colectivamente nos ampliemos nuestros derechos.
