Mediante una declaración pública, el abogado de Constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, denunció una serie de situaciones irregulares en la relación con el ministro Iván Poduje, quien anunció la demolición del proyecto El Olivar, erigido en Viña del Mar luego de los incendios en 2024. La empresa lo apunta directamente, acusándolo de desplegar una operación comunicacional para instalar una tesis de fraude sin haber otorgado el derecho a defensa a la empresa. Además de no haber seguido los procedimientos administrativos que contempla la ley antes de una medida extrema como la anunciada.
La constructora sostiene que la autoridad ha invertido el orden racional de actuación institucional, dictando sentencias mediáticas y medidas irreversibles sin un procedimiento administrativo previo ni informes técnicos concluyentes que justifiquen la destrucción de las obras,. Según la firma, el proyecto fue diseñado por la Entidad Patrocinante y aprobado íntegramente por el SERVIU y la DOM de Viña del Mar, por lo que rechazan que se les imputen responsabilidades de diseño o cálculo que competen directamente al Estado.
Esta es la declaración pública íntegra de Jaime Barrientos
DECLARACIÓN PÚBLICA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN
“Como abogado de la constructora San Sebastián, he solicitado a la empresa realizar una declaración suficientemente completa respecto a la anómala situación que se ha producido en la relación con el ministro Iván Poduje.
Quisiera comenzar señalando que, desde el primer día, la constructora San Sebastián ha tenido total disposición a colaborar, dialogar y buscar soluciones técnicas reales respecto de las observaciones formuladas en el proyecto El Olivar. Solicitamos reuniones reiteradamente al ministro y a distintas autoridades del MINVU y del SERVIU (cinco reuniones solicitadas, rechazadas o canceladas; en casi dos meses). Nunca fuimos escuchados. Mientras se nos cerraban las puertas institucionales, se desplegaba paralelamente una operación comunicacional para instalar públicamente que aquí existiría una especie de gran fraude o negligencia masiva. Se atendió a la prensa (que no puede resolver los problemas que existan), no a la constructora (que puede proponer soluciones). No está demás decir no se solicitó informe alguno de carácter técnico.
Nuestra posición es clara:
- Si existen dudas técnicas serias respecto de la seguridad estructural de las obras, el deber de un Ministro de Estado es actuar con máximo rigor institucional, no mediante anuncios espectaculares ni condenas mediáticas anticipadas. El procedimiento razonable y compatible con un Estado de Derecho exige, primero, instruir una investigación administrativa completa y técnicamente fundada, delimitando con claridad las responsabilidades de cada interviniente: proyectistas, calculistas, entidad patrocinante, revisores externos, SERVIU, DOM y empresa ejecutora. Luego, correspondía ordenar pericias independientes y contradictorias que permitieran determinar si las observaciones detectadas provenían del diseño aprobado, de la ejecución material, de modificaciones posteriores o de inconsistencias originadas en el propio proceso de aprobación estatal.
- Solo después de agotadas esas etapas, y una vez establecida objetivamente la naturaleza exacta de los problemas, correspondía evaluar técnicamente todas las alternativas disponibles: reforzamientos estructurales, mitigaciones, reparaciones parciales, sustitución de elementos o reconstrucciones limitadas. La demolición total únicamente podía aparecer como última ratio, es decir, como una medida excepcionalísima y técnicamente inevitable, respaldada por informes concluyentes, independientes y sometidos a contradicción. Más aún cuando dicha demolición implica destruir la principal evidencia material sobre la cual debían recaer futuras pericias judiciales, civiles, administrativas e incluso penales.
Nada de eso ocurrió. El Ministro optó por invertir completamente el orden racional de actuación institucional: primero instaló públicamente la culpabilidad de la empresa, luego anunció medidas extremas e irreversibles y solo posteriormente comenzaron a aparecer informes técnicos utilizados para intentar justificar decisiones ya adoptadas políticamente. No hubo una instancia seria de diálogo técnico. No hubo una investigación administrativa objetiva previa. No hubo un procedimiento contradictorio real. No hubo espera de pronunciamientos judiciales. No hubo prudencia institucional.
La situación es extremadamente grave porque el Ministro está confundiendo las responsabilidades de cada actor. No sabemos si es una conducta deliberada, con interés de llamar la atención políticamente, asunto que tiende a estar de moda. Demoler es más espectacular que hacer un sumario (incluso si la demolición misma termina también en sumario).
Confiamos en Chile y en su institucionalidad, a pesar de todo. Como cualquier especialista sabe, el proyecto no fue diseñado por Constructora San Sebastián (nunca diseña el proyecto la empresa que construye en este tipo de proyectos). Fue diseñado por arquitectos e ingenieros de la Entidad Patrocinante, aprobado íntegramente por el SERVIU de Valparaíso y revisado por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar.
El propio Estado revisó y aprobó el proyecto. El propio Estado revisó y aprobó los estados de pago. Constructora San Sebastián ejecutó exactamente el proyecto que el SERVIU aprobó. Pretender ahora trasladar a la constructora responsabilidades de diseño, cálculo y formulación técnica que corresponden al Estado y a la Entidad Patrocinante es sencillamente inaceptable. Y reiteramos: el ministro no tiene hoy cómo saber quién es el responsable de qué falla, pues no ha hecho ese trabajo. Parece simplemente haber elegido el culpable.
Nuestra empresa tiene más de veinte años de trayectoria y ha desarrollado más de 40.000 soluciones habitacionales trabajando con gobiernos de distintos signos políticos. Nunca hemos enfrentado una situación semejante. Y precisamente por eso nos parece tan grave el actuar del Ministro. No solo ha formulado imputaciones extremadamente agresivas y mediáticamente espectaculares, sino que además ha dictado actos administrativos sin fundamento técnico suficiente, intentando justificarlos posteriormente mediante informes reservados conocidos o elaborados después de emitidas las resoluciones. Eso no solo es impropio. A nuestro juicio constituye un vicio gravísimo de legalidad administrativa.
El ministro está instalando una lógica muy peligrosa: transformar observaciones técnicas preliminares en condenas públicas inmediatas. Una gestión seria no es partir con el micrófono, sino que comenzar por los procedimientos que el Estado de Chile se otorga para la toma de decisiones fundadas.
Se habla de demoler obras antes de que existan peritajes independientes concluyentes. Se amenaza con destruir estructuras antes de permitir pericias contradictorias serias que determinen si los problemas corresponden al diseño, a la ejecución, a especificaciones aprobadas por el propio SERVIU o a otras etapas del proceso.
Incluso informes técnicos conocidos públicamente hablan de reforzamientos y mejoras posibles, no necesariamente de demolición. Pero el Ministro parece más interesado en producir impacto comunicacional que en construir una solución técnicamente seria. Esto es preocupante porque está en juego el estándar con que el Estado se relaciona con quienes ejecutan políticas públicas. Porque si basta una conferencia de prensa, una filtración o una imputación política para destruir en días la reputación de una constructora con décadas de trayectoria, sin siquiera escucharla, entonces se está rompiendo algo mucho más profundo: la confianza mínima que requiere cualquier sistema de colaboración público-privada.
Las acusaciones formuladas por el ministro Poduje contra Constructora San Sebastián son, en algunos casos, derechamente falsas; en otros, descansan sobre equívocos técnicos o administrativos. Y aquellas observaciones que podrían requerir revisión carecen, hasta ahora, del respaldo indispensable que exige la Administración del Estado para dirimir responsabilidades y adoptar decisiones válidas: procedimientos formales, informes técnicos concluyentes, actos administrativos fundados y determinación precisa de competencias.
Observamos con preocupación un uso crecientemente disruptivo de la institucionalidad y una verdadera adicción al espectáculo político, tan propia de nuestra época. Nadie discute que el Estado, en casos extremos y debidamente acreditados, pueda adoptar medidas severas, incluso una demolición. Pero una decisión de esa naturaleza no puede surgir como resultado de una voluntad personal ni de una puesta en escena comunicacional. Debe ser consecuencia de un procedimiento administrativo regular, con informes técnicos suficientes, autoridad competente, motivación expresa, posibilidad de contradicción y trazabilidad institucional. Lo grave, en este caso, es precisamente que la demolición ha sido presentada como decisión política antes de que exista un procedimiento que la funde.
Jaime Barrientos
Abogado
Constructora San Sebastián
