Una acción de tutela laboral ingresada en el 1er Tribunal Laboral de Santiago expuso la relación informal mantenida durante 17 años entre la magistrada Rosa Aguirre y una profesional que elaboraba borradores de sentencias, revisaba recursos e incluso preparaba presentaciones académicas por un honorario mensual de $300 mil. El conflicto judicial concluyó tras la firma de una transacción notarial que incluyó un desembolso económico y una cláusula de confidencialidad.
Un acuerdo transaccional firmado bajo estricta reserva puso término a una demanda de tutela laboral presentada ante el 1er Tribunal Laboral de Santiago en contra de la ministra y expresidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre Carvajal. La acción judicial, entablada por la abogada Damaris Silva Bravo, expuso una relación de prestación de servicios informales ejercida durante casi 17 años, en cuyo marco, según consignó La Tercera, la profesional se desempeñó como redactora de proyectos de sentencias para la magistrada a cambio de un pago mensual efectuado desde la cuenta personal de la jueza.
El conflicto finalizó formalmente el pasado 14 de agosto de 2026 en la notaría de Eliana Gervasio, en Viña del Mar, mediante la suscripción de un instrumento público titulado “Transacción, finiquito y renuncia de acciones”. En dicho documento, según consta en el texto notarial, las partes consignaron que “entre doña Damaris Silva Bravo y doña Rosa Herminia Aguirre Carvajal, quienes mantuvieron durante años una relación de amistad, existió asimismo una relación de cooperación y prestación de servicios de la primera en favor de la segunda”, acordando el pago de $17 millones por parte de la magistrada a favor de la demandante y el posterior desistimiento de la acción en sede laboral, acompañado de una cláusula de confidencialidad.
De la Fiscalía Judicial a la “redacción en las sombras”
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la demanda, la vinculación entre ambas profesionales se inició en 2009, fecha en que Aguirre ejercía como fiscal judicial en la jurisdicción de Valparaíso y Silva se desempeñaba como su ayudante en la Primera Fiscalía Judicial. Tras concretarse la permuta que permitió a Aguirre asumir como ministra de la Corte de Apelaciones porteña, la magistrada dispuso la continuidad del esquema de trabajo.
En el libelo laboral, la profesional relató que “en esa oportunidad decidió expresamente que yo continuara trabajando directamente para ella. Desde entonces asumió también de manera directa el pago de las contraprestaciones por mis servicios, consolidándose una relación que se mantendría, con distintas modalidades de ejecución, hasta el día 9 de mayo de 2026”.
Respecto de las labores encomendadas, Silva detalló que “mi función principal consistió durante años en el estudio jurídico de expedientes y antecedentes judiciales y en la elaboración material de proyectos de sentencias correspondientes a causas respecto de las cuales la demandada intervenía en su calidad de ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”. La dinámica implicaba el análisis de actuaciones de primera instancia, la revisión de causales de nulidad, la búsqueda de jurisprudencia y la estructuración de la argumentación jurídica de los fallos, los que posteriormente eran remitidos a la ministra para sus correcciones o visación. Para orientar el sentido de las resoluciones, la magistrada transmitía las instrucciones mediante correos electrónicos con expresiones directas como “hay que rechazar”, “hay que acoger” o “hay que revocar”.
El episodio de las 35 causas laborales
La demanda laboral dio cuenta de diversos hitos en el desarrollo de los servicios. Entre ellos, Silva recordó que a principios de 2010 la Corte de Valparaíso encomendó a sus ministros la resolución en primera instancia de causas laborales pendientes del antiguo sistema. En ese contexto, la magistrada le asignó el procesamiento de un lote de causas: “A doña Rosa Aguirre le fueron asignadas aproximadamente 35 causas. Durante el mes de febrero de aquel año, mientras la demandada hacía uso de su feriado legal, me encomendó que redactara los proyectos correspondientes a esas 35 sentencias. Al reiniciarse el año judicial se efectuó la entrega del trabajo desarrollado y, posteriormente, la demandada dispuso el pago de una suma de $10.000 por sentencia”.
A contar de 2010, las labores se trasladaron al domicilio particular de la jueza, estableciéndose una jornada en la que “se estableció un horario que se extendía aproximadamente desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, sin que ello significara que mi disponibilidad concluyera invariablemente a esa hora. Dependiendo de las necesidades existentes, debía trabajar durante sábados, domingos y, en determinadas ocasiones, continuar hasta aproximadamente las 23:00 horas”. Posteriormente, las carpetas físicas eran retiradas directamente desde la vivienda de la ministra hasta que la digitalización de los procesos judiciales permitió el intercambio de archivos por vías remotas.
Con el transcurso del tiempo, las tareas encomendadas se diversificaron hacia la gestión de bienes inmuebles, el pago de contribuciones de bienes raíces, la redacción de correos personales e incluso la confección de presentaciones académicas para las clases impartidas por la magistrada. A cambio de estas funciones, en 2015 se fijó una remuneración de $300 mil mensuales, pagados vía transferencia bancaria el día 20 de cada mes, a lo que en 2024 se sumó el uso en comodato de un departamento en Santiago, beneficio que según la demandante “se incorporó de forma estable al conjunto de beneficios económicos asociados a nuestra relación” y que la jueza justificó como un apoyo para sus estudios de magíster.
El quiebre
El fin del vínculo se desencadenó en abril de 2026, cuando la abogada solicitó ajustar sus honorarios a la suma de $900 mil mensuales. La respuesta de la magistrada fue calificar la petición como “un tema sensible” para coordinar una conversación presencial. Dicho encuentro se concretó el 9 de mayo de 2026 en presencia de un familiar de la jueza, instancia en la que la autoridad decidió poner término al vínculo laboral tras casi 17 años de labores.
Según la presentación judicial, en dicha cita la ministra enfatizó que ambas debían “terminar en buena”, vinculando esa premisa a la exigencia de mantener reserva respecto de los años en que trabajaron juntas. Tras el fracaso de las tratativas extrajudiciales iniciales conducidas por la representación legal de la trabajadora, se procedió a la interposición de la demanda ante la justicia laboral de la capital. No obstante, tras ser notificada mediante exhorto, la magistrada impulsó la negociación que culminó con la firma del finiquito notarial por $17 millones y el definitivo archivo de la causa.
