Gracias a las gestiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aquellas personas que fueron privadas de libertad injustamente podrán buscar reparación a través de asesoría jurídica en demandas por indemnización de perjuicios.
Esta mañana, la Defensoría Penal Pública -que dirige el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano- y las Corporaciones de Asistencia Judicial -a cargo de Rodrigo Mora- firmaron un convenio de colaboración que permitirá brindar, a través de la Oficina Especializada de Derechos Humanos de la CAJ, representación civil a aquellas personas que formen parte del “Proyecto Inocentes”, enfocándose en litigios por compensación de daños y perjuicios.
En la ceremonia, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, el Defensor Nacional afirmó que “errores judiciales y de otros actores del sistema procesal penal ocurren mucho más de lo que querríamos. Sólo durante 2022 más de mil 700 personas estuvieron en prisión preventiva y posteriormente fueron declaradas inocentes o no condenadas, ya sea por absoluciones, sobreseimientos o por la facultad que tiene el Ministerio Público de no perseverar en la investigación”.
MÚLTIPLES CAUSAS DE ERROR
El jefe nacional de la defensa pública sostuvo que las causas que pueden explicar estos errores son múltiples. “Por ejemplo, una denuncia falsa, una pericia defectuosa o una investigación plagada de sesgos confirmatorios o visión de túnel”, ejemplificó. A partir de ello, recalcó que “la pregunta de fondo es qué hacemos con el error o, más bien, cómo lo evitamos, cómo lo corregimos cuando ocurra y cómo resarcimos los daños que afectan tan dramáticamente la vida de personas que nunca debieron pasar por estas experiencias”.
En la misma línea, aseveró que “a través de nuestro ‘Proyecto Inocentes’ buscamos reparar -en lo posible- el daño que sufren quienes han estado en la cárcel sin ser culpables, haciendo públicos sus casos y brindándoles apoyo legal gracias a diferentes alianzas público-privadas. Hoy, además, gracias a las gestiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, podemos decir que, de ahora en adelante, también contaremos con un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, para que las personas que fueron encarceladas injustamente reciban la asistencia necesaria y cuenten con las herramientas para exigirle al Estado que les responda por lo que enfrentaron”, señaló.
OPORTUNIDAD PARA EL ESTADO
Rodrigo Mora, en tanto, agregó que “el ‘Proyecto Inocentes’ es una oportunidad para que el Estado pueda resarcir sus errores y reparar el daño causado a quienes perdieron no sólo su libertad, sino también su dignidad. Nuestros profesionales de la Oficina Especializada de Derechos Humanos pondrán toda su experticia para así poder compensar el daño infligido”, aseguró.
Al tomar la palabra, el ministro Cordero destacó que“hay algo que solemos olvidar en el contexto de una agenda muy centrada en seguridad, y es que el sistema de enjuiciamiento criminal es un régimen sancionatorio, el más drástico que una sociedad puede utilizar. Cuando comete errores, que los comete con más habitualidad de lo que muchos creemos, como errores de identificación, de investigación o pericias mal reformuladas, hay personas que no sólo son privadas de su libertad y son injustamente encarceladas, sino que además sus entornos personales, familiares y laborales quedan completamente destruidos”.
OBJETIVOS PRINCIPALES
En detalle, el convenio permitirá cumplir tres objetivos principales: que ambas instituciones colaboren en promover el acceso a la justicia y la reparación de personas que fueron injustamente privadas de libertad, en este caso mediante asesoría jurídica directa para demandas por indemnización de perjuicios; fortalecer la colaboración entre ambos servicios para defender los derechos de las personas incorporadas al “Proyecto Inocentes” y contribuir al mejoramiento del sistema judicial en su conjunto, previniendo futuros casos de injusticia.
En la ceremonia participaron, además, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el seremi metropolitano de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes, y dos de los usuarios del “Proyecto Inocentes”, Julio Lorca y Felicinda Palma.
