El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano agradeció al Ministerio Público, a la Fiscalía del Poder Judicial, Gendarmería, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Servicio Médico Legal por integrar una mesa técnica de trabajo y “por entender que, finalmente, los derechos de las personas privadas de libertad nos involucran a todos”.
Esta mañana, en formato híbrido, se presentó el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia institucional Carcelaria (SIRCAIVI) cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad que hayan sufrido agresiones, apremios ilegítimos o vulneraciones por parte de los agentes del Estado que los custodian.
Durante la presentación del modelo, desarrollado por el programa de la Unión Europea para la Cohesión Social, EUROsociAL+, e implementado en Chile por la Defensoría Penal Pública, representantes de las instituciones que integran el sistema de justicia penal suscribieron un convenio para la creación de una mesa de diálogo y actuación intersectorial (MEDAI). Se trata del Ministerio Público, Gendarmería de Chile, Servicio Médico Legal, Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía del Poder Judicial y también la Defensoría Penal Pública cuya primera labor será elaborar un protocolo que regule su funcionamiento permanente, no sólo para denunciar o reunir información que cada institución pueda aportar desde su rol, sino también establecer buenas prácticas útiles para todos.
“Se trata de la primera herramienta o instrumento formal y consistente que se intenta instalar para prevenir la violencia institucional carcelaria. Y precisamente por el alcance de este esfuerzo, agradezco hoy además del programa EUROsociAL+, al Ministerio Público, al Servicio Médico Legal, a la Fiscalía del Poder Judicial, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y, sobre todo, a Gendarmería de Chile, por entender que, finalmente, los derechos de las personas privadas de libertad nos involucran a todos”, dijo el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano durante la actividad de presentación del modelo.
Recordó que actualmente hay más de 40 mil personas privadas de libertad en los más de nueve recintos penitenciarios a cargo de Gendarmería de Chile, y que en algunos centros como el de Taltal, Copiapó y Santiago Sur la población carcelaria se acerca a niveles de ocupación que superan ampliamente el 100% y que hoy la tasa de encarcelamiento es de 218 por cada 100 mil personas. Agregó que la violencia que se da al interior de las cárceles es una preocupación permanente de la institución que preside.
“Sabemos que en nuestro país se da una triste paradoja: pese a ser el país con la tasa de homicidios más baja de América Latina, Chile encabeza el ranking de los países con más asesinatos al interior de las cárceles, según un estudio mundial realizado en 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con un resultado de 90 muertes por cada 100 mil internos entre 2010 y 2016”, alertó.
Tal y como explicó el Embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Krais, el SIRCAIVI supone una gran transformación del Sistema para la protección de los derechos humanos.
“Los Defensores son los protagonistas de este Sistema, que viene a saldar una deuda histórica con los privados de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios”. “Los Defensores van a contar con herramientas y una política pública concreta para poder ofrecer una asistencia integral a las víctimas, tanto jurídica, como médica y psico-social. Se trata de un gran avance en materia de derechos humanos impulsado por las Defensorías y que contará necesariamente con la colaboración del resto de instituciones del Estado”, añadió.
La presentación del modelo estuvo a cargo de los expertos de EUROsociAL+, Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuellar, quienes además explicaron la importancia del correcto funcionamiento de la Mesa de Diálogo y Actuación Intersectorial (MEDAI), la que estará a cargo del grupo de trabajo de la Defensoría Penal Pública.
CRISIS PENITENCIARIA
Al realizar un diagnóstico preliminar sobre la situación de las personas privadas de libertad en cárceles latinoamericanas, la Unidad de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ pudo concluir que los sistemas penitenciarios de la región atraviesan una grave crisis humanitaria desde hace décadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre dos grandes problemas en estos recintos: los que afectan el derecho a la vida de las personas privadas de libertad y lo que inciden directamente en su integridad física.
A ello se sumó, en los últimos dos años, la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 la que dejó en evidencia que este grupo se encontró en una situación de alta vulnerabilidad frente a un eventual contagio, debido a las condiciones de hacinamiento y los precarios sistemas sanitarios que hay en estos recintos.
Un estudio de la OEA, de marzo de 2020, reveló que hay aproximadamente 11,1 millones de personas privadas de libertad en el mundo; 3,9 millones (35%) se encuentran en América Latina y de ellas el 40% se encuentran en prisión preventiva. Se destaca, además, que algunos de los problemas más graves enfrentados por los sistemas penitenciarios de la región son las deficientes condiciones de reclusión, la ausencia de medidas específicas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, el hacinamiento y la sobrepoblación de las cárceles. Es importante señalar que la tasa media de ocupación de las cárceles de la región es de 153.5%.
Con estos elementos, a los que se agregaron las recomendaciones internacionales de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACDH), del Sub Comité para la Prevención de la Tortura (SPT), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), EUROsociAL+ acompañó a AIDEF en la definición de un modelo y guía regional de actuación ante casos de violencia institucional en recintos penitenciarios.
Concluida esta etapa se inició una segunda fase dirigida a la implementación a nivel nacional del modelo regional y en la sistematización de las recomendaciones internacionales en materia de prevención y sanción de hechos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Actualmente, SIRCAIVI está funcionando en Costa Rica, donde se implementó en enero de 2022; en Argentina desde la primera semana de mayo de este año; y a partir de hoy en Chile.
La inauguración realizada hoy en el auditórium de la Contraloría General de la República contó con la presencia del Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; la Ministra de Justicia, Marcela Ríos; el embajador de la Unión Europea, León de la Torre Krais; y el representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, entre otras autoridades y representante de las instituciones que integrarán la mesa técnica.
Durante los próximos dos días, se realizará un curso de capacitación dirigido a defensores y defensoras penales públicos y otros funcionarios institucionales que tendrán competencias en la implementación de SIRCAIVI.