El Defensor Regional, José Luis Craig, informó en su cuenta pública el impacto que generaron las movilizaciones sociales y el trabajo desplegado por defensoras y defensores públicos durante la pandemia.
A menos de una semana de que se cumpla un año desde el inicio del estallido social que sacudió el país con manifestaciones ciudadanas, el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig Meneses, efectuó de manera virtual su cuenta pública participativa anual, en la que reveló importantes cifras que dan cuenta del impacto que tuvieron las movilizaciones sociales en el trabajo que desempeñan las defensoras y defensores públicos en la región.
Según cifras recopiladas por la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Maule, en el último trimestre de 2019 hubo un aumento de 25 por ciento en los controles de detención y de 67 por ciento en las solicitudes de ilegalidad de la detención, lo que se tradujo en un significativo incremento de 78 por ciento en las declaraciones de ilegalidad decretadas por los tribunales de la región.
Esto implicó que, de las 17 mil 91 causas ingresadas a la Defensoría Regional durante 2019, el 26,8 por ciento correspondiera sólo a octubre y noviembre. “Los altos niveles de personas detenidas en los meses más álgidos de protesta social, la violencia que se vivió en ellas, las denuncias de los organismos de derechos humanos en torno a infracciones cometidas tanto en las protestas como en el trayecto hacia los centros de detención, y también en el interior de los mismos, transformó a la Defensoría Penal Pública en un bastión y refugio donde las personas afectadas, sus familiares y la comunidad podían acudir en búsqueda de acciones de protección, información fidedigna y estadística de calidad”, señaló José Luis Craig.
Si bien el número de detenidos aumentó en la región, esta situación pudo ser abordada de manera exitosa por la Defensoría Penal Pública del Maule, gracias al sistema de atención en comisarías que funciona desde 2017 en Talca y que, con motivo del estallido social, se replicó en las principales comunas maulinas, de modo que defensoras y defensores públicos se apersonaron en los cuarteles policiales para realizar entrevistas y prestar asesoría desde el primer momento de la detención.
“Fruto de esta explosión de detenidos, la Defensoría Penal Pública comenzó a avanzar a fines de 2019 en un tema que se hace más necesario que nunca. El imputado tiene derecho a defensa técnica desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare”, destacó el abogado en su discurso.
CIFRAS EN PANDEMIA
Otro de los temas relevantes abordados en esta cuenta pública, que por primera vez se transmitió por las plataformas de Facebook, Youtube y el sitio web institucional, fue la pandemia por Covid-19, que ha afectado el normal funcionamiento de las atenciones presenciales a usuarios, pero no ha disminuido la prestación de defensa a quienes la han requerido.
Al respecto, el Defensor Regional destacó que durante el primer semestre de 2020 y gracias a la tecnología, los defensores generales y penitenciarios realizaron más de 6 mil 774 entrevistas remotas con usuarios y familiares de imputadas o imputados privados de libertad. Asimismo, se efectuaron 190 pericias por vía remota.
“Durante los primeros meses de esta emergencia los focos fueron la protección de nuestros funcionarios, precaviendo que se siguiera cumpliendo nuestra misión, y también nos preocupamos de nuestros usuarios, por lo que desde marzo dispusimos todas las medidas que la tecnología disponible nos permitió, para atenderlos por distintas vías remotas. Respecto de los privados de libertad gestionamos en menos de una semana, con la valiosa colaboración de Gendarmería de Chile y para todos los penales de la región, visitas por sistema de videoconferencia, las que se mantienen hasta hoy”, concluyó José Luis Craig.
