Marco Montero Cid. Defensor Regional de Ñuble
Nuestro país transita por un momento que es histórico. En el seno de la Convención Constitucional y por medio de un proceso democrático y participativo, se busca sentar las bases de un nuevo pacto acerca del tipo de sociedad que deseamos construir entre todos y todas.
En este devenir, temas relativos al estatuto de derechos y garantías de las personas resultará esencial. Ello se hace más patente, cuando lo que está en discusión es lo relativo al respeto, promoción y protección de ciertos bienes tutelados que, como la libertad personal, requieren y exigen –dada su naturaleza y fragilidad- de una mayor salvaguarda y preocupación por parte del Estado, siendo indispensable que en ciertos ámbitos del quehacer público y donde se ponen en riesgo o afectan con mayor intensidad el ejercicio de estos derechos, haya un adecuado sistema de pesos y contrapesos, de modo que la decisión que se adopte por un tribunal, brinde a todos los interesados plenas garantías de un juicio justo e imparcial.
En nuestro actual modelo de justicia criminal ello no se da de manera adecuada, lo que hace prioritario redibujar dicho sistema, esto, con el fin de brindar a todas las personas y en particular al justiciable, condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia por medio de una defensa real y efectiva.
Desde su diseño original, la Defensoría Penal fue concebida como un servicio público relacionado con el Ministerio de Justicia. No se le dotó de autonomía constitucional como si se hizo con el Ministerio Público, lo que lógicamente genera un desequilibrio entre los actores del sistema. No se trata sólo de una cuestión meramente simbólica. La autonomía es un asunto de derechos humanos. Y lo es, por cuanto la Defensoría tiene como misión velar por la defensa de los derechos y garantías reconocidos en normas y estándares internacionales de derechos humanos y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Por medio de la Defensoría Penal se garantiza a toda persona el derecho a la defensa jurídica especializada, en especial a quienes pertenecen a los grupos más vulnerables y postergados de la sociedad. Para ello se requiere de una institucionalidad fortalecida y autónoma, que vele por los derechos e intereses de las personas que asesora, representa y defiende, sin ningún tipo de injerencia. También, dada la expertiz y especificidad de su labor, la Defensoría puede contribuir al diseño de la política criminal y al debate de medidas que limitan el ejercicio de derechos y libertades individuales, lo que en la actualidad se ve mermado al ser funcionalmente un órgano dependiente de la autoridad responsable de esas decisiones.
Como país tenemos una deuda pendiente con la protección y defensa de los derechos humanos en la justicia criminal. Hoy no existe una adecuada distribución y equilibrio de poder entre el Estado y los ciudadanos. Por ello, es indispensable avanzar hacia la eliminación de esta brecha estructural del sistema, otorgando a las personas mayores garantías de equidad y justicia en el ejercicio de sus derechos, por medio del reconocimiento constitucional de una Defensoría Penal autónoma y especializada.
