En Estrado.
Un repaso completo por los temas más importantes que cruzan la gestión de la Defensoría Regional Metropolitana Sur en este último año, realizó la defensora regional Loreto Flores al encabezar la Cuenta Pública en que se refirió a la situación de mujeres privadas de libertad y el compromiso institucional en los derechos que deben ser consagrados en la nueva Constitución, entre ellos el de la reinserción social y presunción de inocencia.
La autoridad regional detalló los trabajos realizados durante el periodo, como son la profundización de la defensa penitenciaria, la reorganización institucional, la comunicación con personas privadas de libertad y las mejoras tecnológicas implementadas en especial.
Otra de las áreas que desarrolló Flores fue el plan piloto en comisaría, donde afirmó que existía un cambio en la relación con Carabineros, que se incrementa con las capacitaciones que entregan a la policía uniformada y que alcanza a más de 500 funcionarios directamente capacitados en las prefecturas Sur, Cordillera y Maipo de Carabineros.
Durante el año pasado, los contactos con centros penales y entrevistadas con personas privadas de libertad superaron las 37 mil gestiones, lo que grafica que se adoptaron las medidas de contingencia oportunas permitiendo que no se perdiera el contacto entre los defensores y sus representados
Nueva Constitución
La defensora regional afirmó que desde la Institución se mira con atención el trabajo que se desarrolla al interior de la convención constituyente, en especial el cómo se puede alcanzar uno de los anhelos de la Defensoría como es la autonomía institucional, incluso, con rango constitucional.
“No se trata de una mera cuestión de orden administrativo ni menos formal. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana, la institución encargada de la defensa penal pública, a través de la cual se operativiza el derecho de defensa técnica, debe estar dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio”, afirmó Loreto Flores
Asimismo, agregó que hya aspectos que deben ser considerados como primordiales en los derechos que garantice la nueva Constitución: “Se debe establecer explícitamente la presunción de inocencia y las principales garantías procesales contempladas en los tratados internacionales, sin perjuicio de asignarle a estos una jerarquía constitucional como ocurre en varios países de la región”.
Finalmente indicó que en materia de ejecución penal es urgente el diseño de una estructura jurisdiccional que vele por el respeto de los derechos humanos y garantías procesal al interior de las unidades penales y que haga posible una efectiva reinserción social.
“Nuestra aspiración es que la Constitución reconozca como un derecho a la reinserción social en su amplio sentido, de manera de entregar nuevas oportunidades a las personas que habiendo cumplido sus condenas se incorporan a la vida social en libertad. Este derecho debidamente asegurado puede tener efectos sociales positivos como dispositivo institucional que rompa el duro círculo de la reincidencia”, señaló Flores.
