Verónica Encina analizó la propuesta de Ley de Registro de Vándalos e Incivilidades y expresó sus preocupaciones y sugerencias al respecto.
La Defensora Nacional Verónica Encina Vera se refirió a la propuesta de ley de Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades -que busca sancionar conductas que dañan el orden público y los bienes comunes mediante la pérdida temporal de beneficios sociales y restricciones en trámites- y reconoció que, desde la criminología “abordar las incivilidades es importante para manejar la percepción de inseguridad, pero es necesario definirlas adecuadamente y aplicar sanciones proporcionadas”
“Como Defensoría hemos manifestado al Congreso -que nos pidió la opinión- que, en términos generales, se aconseja en la ciencia criminológica, hacerse cargo de las incivilidades para efectos de abordar la percepción de inseguridad. Pero primero hay que definir las incivilidades”, explicó Encina en entrevista con el diario El Tipógrafo de Rancagua.
“Las incivilidades no pueden abarcar desde crímenes hasta faltas administrativas, porque eso desnaturaliza las finalidades del proyecto, y nosotros hemos sugerido mejorarlo”, detalló, agregando que “se debe definir -primero- las incivilidades como aquellas conductas que normalmente no son constitutivas ni de delito ni de crimen, sino que -a lo más- de faltas. Algunas de ellas no son delitos, ni siquiera son faltas en otros países, pero provocan sensación de inseguridad. Y esto tiene que ver con el desorden urbano, por así decirlo, rayados, plazas sucias u oscuridad, falta de iluminación, etcétera”.
En esa línea, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública apuntó, primero, a corregir ese tipo de conductas con políticas públicas como “pintar los lugares donde hay rayados, poner iluminación y evitar que se produzca la incivilidad”.
“Y luego, cuando se detecta quién la comete, no se busque necesariamente castigar, sino que se busque que esa persona repare el daño a través de trabajos comunitarios, pida disculpas públicas y así mejorar la relación entre la comunidad. Eso es lo que se ha demostrado -con evidencia- ser lo más efectivo”, recalcó la Defensora Nacional.
E insistió: “Nosotros hemos hecho ver eso señalando que el registro en sí mismo, no resuelve la incivilidad, lo que produce es que la persona ingrese a un registro que lo estigmatiza y que puede -incluso- ser contraproducente en la medida que, si la persona está en una nómina, podría no encontrar trabajo, podría ser más castigada socialmente, lo que genera mayor reincidencia”.
“Y lo mismo sucede con los beneficios sociales, porque muchas veces las personas que cometen incivilidades, no todas, pero puede ocurrir que muchas de ellas tengan acceso a estos beneficios y estos beneficios, finalmente, les ayudan a reinsertarse”, argumentó.
Por último, aseguró que el proyecto genera un eventual problemas de igualdad ante la ley “porque personas que no tienen acceso a beneficios porque tienen, por ejemplo, una situación socioeconómica más alta, no van a perder nada si son sancionadas”.
“Entonces una misma conducta va a ser sancionada de forma distinta y eso, según nuestra Constitución, podría ser vulneratorio a la igualdad ante la ley. Eso es lo que nosotros hemos hecho ver al Congreso y esperamos que se atiendan”, concluyó Encina.
