A través de una declaración pública, Verónica Encina Vera profundizó sobre los alcances de esta iniciativa, que busca modificar una serie de cuerpos legales con el propósito de tipificar y sancionar las filtraciones de investigaciones.
Este viernes, la Defensora Nacional Verónica Encina, se refirió al proyecto de ley que busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes reservados, mencionando que la iniciativa -impulsada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti- es peligrosa.
A través de una declaración pública, la máxima autoridad de la Defensoría, dijo que “uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley (…) es la creación de una carpeta paralela de información reservada: un repositorio de antecedentes que el Ministerio Público podrá separar del archivo principal por considerar, bajo su exclusivo criterio, que no tienen interés penal”.
“Este mecanismo no sólo carece de control judicial efectivo, sino que impide que cualquier interviniente —defensa, víctimas y querellantes— pueda acceder a dicha información. La defensa, además, no podrá saber si allí se oculta una declaración favorable a su representado, si se eliminó un testimonio que contradice la tesis de la Fiscalía o si se introdujeron antecedentes obtenidos ilegalmente, que luego podrán ser “blanqueados” en la carpeta visible”, agregó la abogada.
Asimismo, aseguró que “peor aún, esta carpeta ni siquiera podrá ser objeto de controversia, ya que para debatir algo ante un tribunal se debe conocer su existencia y contenido. En la práctica, se trata de un espacio opaco, sin trazabilidad ni fiscalización, que rompe con uno de los pilares del sistema acusatorio: el equilibrio entre partes y el control cruzado”.
“Este tipo de figura no sólo es regresiva, sino peligrosa. Nos recuerda al antiguo sistema inquisitivo, con sumarios secretos, o peor aún, a prácticas de vigilancia institucional que acumulaban información sin control”, insistió Encina.
Y aseveró que el proyecto también tiene un segundo problema que tiene que ver con “el riesgo de criminalizar la actividad periodística”. “Algunos de los tipos penales propuestos utilizan verbos como “informar”, “difundir” o “divulgar”, lo que abre la puerta a que no sólo se sancione a quien filtra la información, sino también a quien la publica”, detalló, mencionando que “la línea entre el deber de reserva y la libertad de expresión debe estar claramente trazada. Si no se precisa que sólo se sanciona a quien, estando obligado por ley a guardar secreto, entrega la información, podríamos terminar persiguiendo penalmente a periodistas”.
“Desde la Defensoría Penal Pública compartimos la preocupación por las filtraciones, porque a quienes más perjudica es a los imputados, especialmente cuando los medios los exponen sin siquiera haber sido formalizados. Pero también creemos que la solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar a la defensa ni a los medios de comunicación”, dijo, destacando que “si realmente queremos enfrentar este problema, es indispensable dotar al sistema de herramientas de control”.
Por último, fue enfática en afirmar que “avanzar hacia un sistema en que sólo una parte pueda ver y manejar la totalidad de los antecedentes, sin control, es caminar peligrosamente en la dirección contraria a la justicia. Porque en democracia, el poder que no tiene límites ni fiscalización siempre es un riesgo”.
