En el marco del día internacional de los Derechos Humanos, Carlos Mora Jano reiteró la necesidad de resguardar “el debido proceso en el contexto del sistema de justicia penal”, enfatizando que “el trabajo de defensoras y defensores penales públicos” debe ser la “expresión inequívoca del resguardo de los derechos humanos de nuestros representados”.
El Defensor Nacional, Carlos Mora, encabezó este viernes la presentación del seminario “Estándares interamericanos de la defensa penal pública: detención, plazo razonable y prisión preventiva”, organizado por la Defensoría Penal Pública a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que fue moderado por el defensor público interamericano y jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), Octavio Sufán.
En la instancia, Mora destacó como un “hito civilizatorio en el desarrollo de la humanidad” la adopción, hace 73 años, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que “el derecho incorporó por primera vez una referencia a la existencia de derechos inherentes a la persona con una vocación universal. Nada más y nada menos que los derechos humanos”, cuyo fecundo desarrollo internacional “ha permitido que las sociedades avancen en un marco de respeto y mínimos de convivencia”
Según el jefe nacional de la defensa pública, en el ámbito penal la Defensoría Penal Pública cumple un rol fundamental para la protección de los derechos humanos a través del resguardo del debido proceso de todas las personas, particularmente de quienes se encuentran en especial condición de vulnerabilidad frente al poder punitivo del Estado, lo que ha sido reconocido por la propia Corte IDH.
Agregó que el derecho a defensa es una de las garantías mínimas que aseguran tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros tratados internacionales que abordan los derechos de grupos que requieren especial protección, como las personas indígenas, adolescentes, migrantes, privadas de libertad o con discapacidad mental, además de la incorporación de una perspectiva de género en el trabajo de la defensa.
Por último, el directivo sostuvo que todo ello “refuerza la importancia del derecho a la defensa, haciendo hincapié en las particularidades que deben ostentar estas garantías cuando se trata de grupos sobre los que existe una discriminación estructural en la sociedad”.
Durante el encuentro virtual, que fue transmitido por En Estrado, también participaron la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola; el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Pablo Saavedra; y tres defensores públicos interamericanos: las abogadas Sandra Haro (Chile), Silvia Martínez (Argentina), y el abogado Hugo Giménez (Paraguay).
