En Estrado.
“El acceso a la justicia, especialmente para los grupos vulnerables, es un desafío que la Defensoría Penal Pública ha asumido responsablemente a través de las creación de líneas de defensa especializada y un trabajo de capacitación contínuo de sus defensores y personal de apoyo”. Así, el Defensor Nacional (s) Marco Montero enmarcó su intervención y valoró el propósito del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la que es tramitada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La autoridad recordó que históricamente el derecho de acceso a la justicia ha sido desarrollado a partir de la noción de las debidas garantías del imputado y el derecho a la protección judicial, “sobre todo a nivel del derecho internacional de los derechos humanos”.
A través de un comunicado, la Defensoría Penal Pública indicó que “el proyecto de ley que se discute actualmente en el Parlamento representa una oportunidad histórica de ampliar el concepto de víctima a dos grupos que de alguna manera han sufrido abusos por parte del Estado. Se trata de los imputados o condenados privados de libertad que han recibido abusos en las cárceles, y las personas inocentes, aquellas que han sido absueltas, sobreseídas o respecto de las cuales el Ministerio Público ha resuelto no seguir investigando las causas por los que fueron imputados, y que no tienen mecanismos para exigir una reparación por parte del Estado”.
“Desde nuestra realidad como defensores penales públicos visualizamos que existe una necesidad de dar protección, defensa y reparación a las personas que son víctimas de actuaciones del Estado. Me refiero a personas privadas de libertad que sufren abusos por parte de funcionarios públicos (custodios). Nos referimos también a personas inocentes que han enfrentado procesos penales que han sido privadas de libertado afectadas en sus libertadas personales”, dijo Montero.
Agregó que en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la Defensoría puede jugar un papel colaborativo a través de su especialización en defensa penitenciaria, o bien a través de Sircaivi, una iniciativa que se trabaja junto a la organización de la Unión Europea, EUROsociAL+, “donde pueden realizarse actuaciones donde tenemos limitaciones legales para realizar querellas y persecución de responsabilidades administrativas y penales de agentes del Estado que violen los derechos humanos de detenidos, imputados y condenados”, y añadió que el fortalecimiento de la solución de conflictos colaborativos relacionados con la justicia restaurativa también es una vía que apoya la búsqueda de acuerdos reparatorios y procesos de mediación, entre otros.
Antes de concluir sus palabras, el Defensor Nacional (s) hizo especial hincapié en avanzar en este proyecto de ley sin generar desequilibrios. “Hacemos un llamado, a que cuando se vaya avanzando en la tramitación de esta iniciativa, las modificaciones que se quieran introducir a la normativa procesal penal no genere un desequilibrio, una desigualdad de armas” y agregó que “una justicia más justa y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos” además de generar mayor confianza en las personas, es la base de una sociedad más equitativa y democrática.