En Estrado.
“Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos están en deuda con los pueblos indígenas”, dijo el secretario general de AIDEF, el Defensor Nacional (s), Marco Montero, en la intervención que hizo esta mañana en el marco de la novena reunión extraordinaria sobre buenas prácticas destinadas a garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en defensa de sus DD.HH., intancia organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA (CAJP).
Si bien, durante su intervención, reconoció los avances realizados por Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada el año 2016 por la OEA, junto al desarrollo normativo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte IDH, aseguró que los pueblos indígenas “han sido permanentemente invisibilizados en el terreno del derecho internacional” y lamentó que no exista un tratado internacional “de carácter vinculante” para abordar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos.
En este sentido, según un comunicado de la Defensoría Penal Pública, Montero subrayó que AIDEF “ha tomado decidida participación” en el ambito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a través de los defensores públicos interamericanos, y creó un observatorio de cumplimiento de sentencias de la Corte IDH para contar con información actualizada sobre el estado de las medidas de reparación dictadas por el tribunal interamericano.
Lamentó que en los tres informes realizados en los últimos tres años de trabajo de este Observatorio Judicial, se pudo constatar un cumplimiento deficiente de las medidas de reparación por parte de los Estados.
“Se trata de cerca de 2.000 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH, en sus más de 260 sentencias de fondo y reparaciones, cuyo cumplimiento bordea sólo el 40%”, dijo el vocero de la Secretaría General de AIDEF y destacó que en los procesos que han involucrado a comunidades indígenas, la situación no es mucho mejor, sobre todo considerando la complejidad que supone para los Estados llevar adelante procesos de demarcación de terrenos; otorgamiento de títulos de dominio; restitución de tierras; y la adecuación de normativa interna encaminada a dar la debida protección de las comunidades.
A nivel interamericano, Montero puso el ejemplo de la situación de discriminación estructural que atraviesan las comunidades indígenas en Chile, donde de acuerdo con cifras de la Defensoría Penal Pública, una persona indígena tiene un 25 por ciento más de probabilidades de quedar en prisión preventiva respecto del total de imputados.
A ello se agregan los factores interseccionales que posee muchas veces este grupo de personas. En la zona norte de Chile, se mezcla la calidad de migrante, mujer e indígena asociados a distintos delitos, como quedó de manifiesto con el caso de Gabriela Blas, una mujer que fue condenada por la muerte de su hijo, a quien se le perdió el rastro mientras pastoreaban en el altiplano.
