Durante su intervención, Carlos Mora Jano profundizó sobre las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad, especialmente, respecto de aquellas que tienen algún grado de discapacidad.
El Defensor Nacional Carlos Mora Jano, participó como expositor en el Seminario Internacional organizado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas AIDEF, en el marco de la conmemoración de los 20 años de su creación.
La actividad, que se llevó a cabo los días 22 y 23 de noviembre en San José de Costa Rica, reunió a defensores y defensoras públicas de América Latina, para abordar temas como privación de la libertad y vulnerabilidad; tareas de monitoreo y prevención de vulneración de derechos; defensa penal pública con perspectiva de género; y justicia juvenil y prácticas restaurativas.
Mujeres
Durante su exposición, que se desarrolló de manera virtual, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública, Mora Jano analizó la situación carcelaria chilena, detallando que la presencia en las cárceles de las mujeres “ha ido aumentando sin que ese fenómeno haya ido acompañado de una adecuación de los sistemas penitenciarios para hacerse cargo de sus particularidades”.
Según detalló, el aumento del encarcelamiento de mujeres es especialmente preocupante desde el punto de vista de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, pues la privación de libertad suele tener un impacto desproporcionadamente lesivo de derechos sobre ellas, principalmente debido a la ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos penitenciarios, que se traduce en que generalmente los Estados se limitan a generar estadísticas respecto del número de mujeres encarceladas, pero no registran datos relacionados con su situación socioeconómica, la existencia de personas bajo su cuidado, las mujeres que viven con sus hijos o hijas en prisión y otros factores de vulnerabilidad.
En la misma línea, agregó que hay una inadecuada infraestructura penitenciaria, tanto en cuanto a la escasez de establecimientos penitenciarios y secciones femeninas, como falta de adecuación de los recintos existentes a las necesidades particulares de las mujeres. A ello, dijo, se suma la falta de atención a la salud con enfoque de género, que se observa frecuentemente en la falta o escasez de profesionales de la salud especialistas en salud femenina.
Discapacidad
En su intervención, el Defensor Nacional también recalcó que en el caso de Chile, una de las situaciones más dramáticas que se vive en materia penitenciaria dice relación con las personas con discapacidad.
“En términos generales, los recintos penitenciarios no tienen estructura, condiciones o personal especializado que pueda atender las necesidades más básicas de este grupo de la población, lo que se ha traducido en que muchos de ellos deban sobrevivir a partir de la buena voluntad de otros internos o de la empatía de terceras personas, lo que desconoce su calidad de sujetos de derechos y refuerza el concepto objetos de caridad”, dijo.
SIRCAIVI
Por último, se refirió al Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) que se desarrolló con la asistencia técnica del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y que se implementó en la Defensoría Penal Pública de Chile en mayo de 2022.
Según explicó, desde el inicio de su implementación, SIRCAIVI ha registrado un total de 325 casos de violencia institucional carcelaria donde 298 casos corresponden a hombres y 27, a mujeres.
En cuanto a la naturaleza de los casos, informó que los tipos de violencia denunciados con mayor frecuencia son las agresiones físicas o psicológicas, seguidas de los abusos de autoridad y la falta de atención médica.
En cuanto a la disposición de las víctimas a denunciar sus casos de violencia institucional carcelaria, Carlos Mora Jano dijo que en aproximadamente un 30% de los casos, las víctimas han expresado que no quieren que su defensor público tome ningún tipo de acción respecto de su caso. La razón más común dada para esta negativa es el temor a sufrir represalias, seguido del miedo a perder oportunidades laborales u otros beneficios.
“Con la implementación de SIRCAIVI, la Defensoría Penal Pública busca generar impactos en la situación de las personas privadas de libertad a nivel global (…), esperamos que la operación de este sistema genere cifras confiables sobre la violencia institucional en las cárceles de todo el país, incluidos los casos en los que las víctimas no están dispuestas a denunciar. El registro de estos casos es particularmente relevante, ya que permitirá acercarnos a la “cifra negra” de la violencia carcelaria, en el sentido de que son precisamente estos casos -donde las víctimas no quieren presentar denuncia por temor a represalias- los que tradicionalmente pasan desapercibidos para el Estado -y particularmente, para el Sistema de Justicia-, y por tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales, contribuyendo a la subestimación de la incidencia de la violencia carcelaria en Chile”, insistió.
Y puntualizó: “A medida que avancemos en la mejora de la detección y registro de casos, el próximo desafío será fortalecer las capacidades para brindar atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria”.
