Carlos Mora Jano expuso este jueves ante la Organización de los Estados Americanos en el marco de la décima sesión extraordinaria sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad.
En la instancia, la autoridad recalcó que “debemos dejar de analizar las políticas de persecución como si fuesen neutras, porque esa supuesta neutralidad es falsa, genera efectos diferenciados dependiendo del sexo de las personas imputadas”.
Una dura crítica al sistema penitenciario a nivel regional y un llamado a redefinirlo con políticas de género, hizo este jueves ante la Organización de los Estados Americanos OEA, el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, durante su exposición en el marco de la décima sesión extraordinaria sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad.
“No hay duda que las personas privadas de libertad provienen de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Dentro de este grupo, podemos distinguir otros que, por sí, ya constituyen grupos vulnerables y que acrecientan la necesidad de hacernos cargo de las precarias condiciones de habitabilidad de las cárceles de nuestra región, el hacinamiento, la vulneración grave y sistemática de derechos humanos al interior de las mismas, y el olvido del sistema penitenciario en el diseño de políticas públicas”, dijo en su intervención, recalcando que “uno de estos grupos es el de mujeres privadas de libertad”.
En la misma línea, el abogado aseveró que “las mujeres están sobrerrepresentadas en el delito de microtráfico y su participación en los delitos de porte y consumo, es inferior a la de los hombres”, agregando que “a pesar de cometer delitos de menor penalidad, las mujeres son condenadas a más días de privación de libertad y a multas más altas”.
Asimismo, aseguró que “las grandes mafias de narcotráfico están abusando de estas mujeres para el traslado internacional de drogas las que, en muchos casos reportan violencia extrema y extorsiones, lo que las transforma -más bien- en víctimas de trata o tráfico de personas”.
“En todo ello hay un análisis de género que resulta imprescindible para determinar las políticas de persecución penal. Esto es una tarea urgente pero aún pendiente en nuestros estados y en la que, como Defensorías Públicas, podemos colaborar levantándola como una cuestión de preocupación. Debemos dejar de analizar las políticas de persecución como si fuesen neutras, porque esa supuesta neutralidad es falsa, genera efectos diferenciados dependiendo del sexo de las personas imputadas”, insistió categórico.
Y detalló que en la región cerca del 90% las mujeres encarceladas tienen hijos menores de edad, son cabeza de familias monoparentales, responsables financieramente de sus familias, han sido víctimas de violencia doméstica, provienen de hogares con altos niveles de marginación socioeconómica y sufren de un alto grado de abandono de sus redes de apoyo cuando están en prisión.
“Usualmente no representan riesgo para la sociedad, se inician en el delito tardíamente, son menos violentas y reinciden menos que los hombres”, explicó, mencionando que el sistema jurídico penitenciario no tiene enfoque de género puesto que “la investigación criminológica indica que la Administración penitenciaria visualiza en las mujeres un menor potencial de reinserción y, por ello, menos acceso a beneficios y especialmente a la libertad condicional y rebaja de condena”.
“Tampoco las reglas jurídicas aplicables y los servicios que ofrecen las Administraciones penitenciarias están pensados desde una óptica de igualdad y de las necesidades específicas de las mujeres”, reiteró, puntualizando que por todo lo anterior “debemos, como equipos de defensa, considerar los derechos específicos de las mujeres y mostrar la desigualdad, discriminación y violencia que sufren en el sistema penal y penitenciario”.
