En una resolución que valida la tesis de los abogados Jorge Bofill y César Ramos, la Corte de Apelaciones determinó que no es posible tramitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria mientras la investigación penal siga abierta. El fallo representa un respiro para el legislador, quien acusaba una clausura apresurada de la etapa de pruebas por parte de la Fiscalía.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió suspender la audiencia destinada a analizar el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta desde el año 2021,. La decisión, adoptada por dos votos contra uno, marca un hito favorable para la estrategia jurídica liderada por los abogados Jorge Bofill y César Ramos, quienes lograron desactivar la ofensiva de la Fiscalía justo antes de que se discutiera la posibilidad de llevar al parlamentario a juicio.
El eje central del triunfo de la defensa radica en un argumento de orden procesal: la imposibilidad de acusar a una persona mientras la etapa de investigación no esté agotada. La defensa planteó que, tras la orden del Juzgado de Garantía de Coyhaique del pasado 7 de julio para reabrir la indagatoria por 60 días, el sustento para pedir el desafuero desapareció momentáneamente,. Los ministros del tribunal de alzada acogieron este razonamiento, señalando que la solicitud del Ministerio Público se basaba en la premisa de que la investigación estaba cerrada para efectos de presentar una acusación formal.
El peso de la reapertura de la causa
El fallo de la mayoría de la Corte, integrada por el ministro Moisés Montiel y la ministra Gladys Avendaño, establece que al haberse modificado el estado de la causa en Coyhaique, resulta consecuente dejar sin efecto la audiencia de desafuero. Según los sentenciadores, no es posible revisar la solicitud para continuar con la acusación si es que aún existen diligencias pendientes decretadas por el tribunal de base. Esta interpretación jurídica frena, al menos por ahora, la pretensión de la Fiscalía Regional de Aysén de avanzar hacia el juicio oral.
Por su parte, el voto de minoría del ministro Juan Rondini fue partidario de mantener la audiencia, argumentando que la ley permite discutir el fuero parlamentario en distintas etapas del proceso investigativo, sin que la vigencia de la indagatoria sea un impedimento absoluto,. Sin embargo, la tesis de Bofill y Ramos prevaleció, logrando resetear el cronograma judicial que enfrentaba Calisto.
Efectos inmediatos y el flanco del TC
Tras conocerse el fallo, el senador Calisto manifestó su satisfacción, señalando que la resolución de la Corte cumple con las normas constitucionales y resguarda su legítimo derecho a la defensa. Como consecuencia directa de este hito, su equipo legal se desistió de un recurso de amparo que mantenían en la Corte de Coyhaique, al considerar que el agravio original, el cierre de la causa sin diligencias, ya fue reparado por la justicia.
Pese a este resultado positivo, la defensa mantiene activa una arremetida ante el Tribunal Constitucional (TC). En dicha instancia, los abogados buscan que se declare la inaplicabilidad de normas del Código Procesal Penal que, a su juicio, permitieron que la Fiscalía cerrara la investigación de forma prematura, impidiéndoles solicitar peritajes clave para revertir las imputaciones de fraude reiterado que podrían derivar en una pena de hasta 12 años de cárcel. Por ahora, Calisto retomará sus labores legislativas mientras la Fiscalía de Aysén espera la próxima oportunidad procesal para intentar, nuevamente, el retiro de su inmunidad.
