El Juzgado de Garantía de Valparaíso certificó que el Ministerio Público no ha acreditado las diligencias dispuestas por el máximo tribunal para resguardar la información de los teléfonos incautados a la parlamentaria. Ante la inacción de la Fiscalía, su representación legal solicitó una audiencia de cautela de garantías denunciando reiteradas afectaciones al debido proceso.
Una nueva controversia procesal se abrió en la causa penal que enfrenta la senadora Camila Flores (RN), investigada por el Ministerio Público por presuntos delitos funcionarios que incluyen la figura de fraude al Fisco. La defensa de la parlamentaria ingresó una solicitud de audiencia de cautela de garantía ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, acusando al ente persecutor de no informar el cumplimiento de las salvaguardas fijadas por la Corte Suprema para el manejo e inspección de sus dispositivos electrónicos.
El requerimiento de la defensa se fundamenta en un certificado emitido el pasado 7 de octubre por el propio tribunal de garantía. En dicho documento se hizo constar que, hasta esa fecha, la Fiscalía no ha informado acciones concretas ni diligencias destinadas a dar acatamiento a la sentencia dictada por la Corte Suprema el 24 de septiembre, resolución que confirmó el fallo emitido el 1 de septiembre por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el marco de un recurso de amparo impulsado por la legisladora.
El dictamen del máximo tribunal estableció un estricto protocolo para el examen y traspaso de la información extraída de los equipos celulares e informáticos incautados a la parlamentaria. Entre las medidas de resguardo, la Corte Suprema dispuso que la custodia de los dispositivos quede radicada de manera exclusiva en la Fiscalía Regional o en el fiscal adjunto a cargo de la causa, encomendando al Ministerio Público la obligación de informar al juez de garantía la nómina exacta de los funcionarios autorizados para acceder a los antecedentes.
Asimismo, el fallo fijó límites sustanciales al peritaje, prohibiendo expresamente la utilización de cualquier dato o antecedente anterior a la primera elección de Flores como parlamentaria, así como la exclusión de toda información que carezca de pertinencia directa con los hechos investigados. A ello se sumó la instrucción de eliminar en forma definitiva toda la información que exceda dichos márgenes y la obligación de reportar al tribunal los protocolos aplicados y los nombres de las personas encargadas de ejecutar la depuración.
Frente a la falta de acreditación de estas diligencias por parte del órgano persecutor, la representación técnica de la senadora solicitó la intervención de la magistratura para que examine el escenario procesal y adopte las prevenciones necesarias en resguardo de sus derechos constitucionales. El abogado defensor de la parlamentaria, Luis Masferrer, cuestionó en duros términos el actuar de la fiscalía tras la emisión del certificado judicial.
“Una orden judicial se cumple, no se ignora. Que el propio tribunal deba certificar que la Fiscalía no ha acreditado cumplir lo que se le ordenó habla por sí solo, y es especialmente grave en una causa donde venimos advirtiendo, desde hace meses, reiteradas vulneraciones al debido proceso”, señaló Masferrer, según consigna La Tercera
El episodio suma un nuevo hito de tensión a la tramitación de esta causa por delitos funcionarios, procedimiento que ya había registrado graves turbulencias internas. Entre ellas destaca la remoción de la fiscal Paola Castiglione, jurista que lideró originalmente las indagatorias contra la parlamentaria y que fue apartada de la causa tras la apertura de una investigación en su contra motivada por denuncias de filtraciones.
