Dos abogados chilenos, expertos en Derecho Migratorio, se unen para dar vida a Aguirre y Greene, firma que busca asesorar y ofrecer representación en materias migratorias, de refugio y de derecho penal, a personas naturales y empresas; y atender a personas en situación de vulnerabilidad de manera gratuita, mediante la creación de la Defensoría Migratoria.
Con el propósito de brindar un servicio de excelencia en materias específicas relacionadas con el Derecho Migratorio, el Derecho de los Refugiados y el Derecho Penal, nace Aguirre y Greene, el nuevo estudio que busca ser una opción distinta en el mercado de prestación de servicios jurídicos, gracias a la amplia experiencia de sus abogados como litigantes y a su especialización y capacidad de solución de casos migratorios de alta complejidad técnica.
Se trata de Alexis Aguirre Fonseca, ex defensor penal público, ex Coordinador Nacional de Litigación Especializada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ex Coordinador de Litigio en el Departamento de Extranjería y Migración, y ex docente de Derecho Penal en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y de Tomás Greene Pinochet, ex Jefe del Área Jurídica de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, abogado laboralista y de asuntos migratorios en diversos estudios jurídicos y ex académico de Derecho Migratorio en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Alberto Hurtado.
Dentro de los servicios jurídicos que ofrece Aguirre y Greene se encuentran: solicitud de visas, solicitud de cartas de nacionalización, litigación judicial y administrativa especializada, solicitud de asilo y refugio, contratación laboral de personas extranjeras, elaboración de modelos de cumplimiento de normas y prevención de delitos, asesorías, representación y defensa en casos de violación de derechos humanos, extradiciones y defensa penal.
Siguiendo su trayectoria, con fuerte arraigo en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, Aguirre y Greene crea además la Defensoría Migratoria, cuyo objetivo es otorgar representación y asesoría gratuita a personas que no cuentan con los recursos económicos para costear servicios jurídicos.
“Luego de analizar el contexto de la migración en Chile, la existencia de cambios sociales vitales y la necesidad de incorporar como fundamento de nuestras acciones la promoción y defensa de los derechos humanos, nos dimos cuenta que no existía en el país un estudio jurídico especializado que integrara la prestación de estos servicios y la perspectiva de derechos”, señalan los socios.
En estos primeros meses, el estudio ya ha tramitado con éxito acciones constitucionales en los tribunales de justicia, ha gestionado visas de trabajo y de reunificación familiar y ha desarrollado decenas de asesorías a personas naturales y a empresas de distintos rubros, proyectándose como un referente en materia migratoria a nivel nacional.
