Por Rodrigo González Holmes
Abogado, Especialista en Derecho Aduanero
La Ley de reconstrucción liga un incentivo tributario pro empleo, a una calificación previa y trámites ante el Servicio de Aduanas
Durante siglos hablar de comercio exterior y de Derecho Aduanero se vinculaba exclusivamente a mercancías; hoy la ley de reconstrucción abre otra puerta. Beneficia a las empresas que exporten servicios condicionando ese beneficio a que Aduanas lo califique como exportación.
La norma crea un crédito contra el impuesto de primera categoría para empresas que exportan servicios del conocimiento en la economía digital equivalente al 15% de las remuneraciones pagadas a trabajadores domiciliados y residentes en Chile que participan en esas exportaciones. Sube cinco puntos si la empresa tiene su casa matriz o sucursales fuera de la Región Metropolitana, o en comunas rurales de ella. El crédito se calcula según el peso de las exportaciones de este tipo de servicios en los ingresos totales de la empresa.
Debe tratarse de un servicio basado en el conocimiento, es decir, que se apoya en la calificación técnica o profesional, en el uso intensivo de tecnología o en el desarrollo tecnológico de quien lo presta. Debe poder entregarse a distancia, por medios digitales, electrónicos o de telecomunicaciones y requiere ser calificado como exportación por el Servicio de Aduanas.
El Ministerio de Hacienda fijará por decreto un catálogo de servicios de la economía del conocimiento, con informe previo del Ministerio de Economía.
Desarrollo de software, análisis de datos soporte técnico para un clientes en otros países, y otras prestaciones similares de la economía del conocimiento, podrán beneficiarse del nuevo sistema, pero requiere la calificación de Aduanas y un trámite adicional que no siempre las empresas de servicios conocen: para formalizar la “exportación” del servicio debe presentarse la respectiva declaración de destinación aduanera, como si se tratara de un producto, es decir presentar el respectivo DUS (documento único de salida), que por exigencia legal debe ser tramitado a través de un Agente de Aduana cuando el valor exportado excede de USD 2.000.




