A días de que expire el plazo para el cese obligatorio de los auxiliares de la justicia mayores de 75 años, el ministro Fernando Rabat fijó las pautas de transición para asegurar la continuidad de la fe pública y evitar descalabros operativos. Mediante un oficio formal, el Ejecutivo encomendó a los fiscales judiciales velar por la entrega de registros digitales y la realización de auditorías externas, mientras el Servicio Civil alista los perfiles para los nuevos concursos públicos.
Con la fecha límite del viernes 2 de octubre fijada como un hito impostergable, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso en marcha el protocolo administrativo para ejecutar la salida de 35 notarios y conservadores de bienes raíces que alcanzaron el tope legal de edad. Para coordinar el traspaso y evitar vacíos en la atención de los usuarios, el ministro Fernando Rabat despachó un oficio circular a todos los notarios, conservadores y archiveros del país para explicitar el alcance de la Ley N° 21.772.
En el documento oficial consignado por La Tercera, la autoridad ministerial recordó la naturaleza vinculante de la reforma, señalando textualmente: “El próximo 2 de octubre de 2026 se hará efectiva la cesación en el cargo de aquellos auxiliares de la administración de justicia con nombramiento previo al 30 de mayo de 1995 que hayan alcanzado el límite legal de 75 años de edad. Esta disposición imperativa de la ley gestará de manera simultánea el cese de funciones en sus cargos de notarios y conservadores de bienes raíces en diversos oficios distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, imponiendo a los órganos y poderes del Estado la obligación de coordinar oportuna y eficazmente la transición y la provisión de los respectivos funcionarios interinos”.
Auditorías externas y custodia de registros
Frente a la salida masiva de auxiliares que han encabezado despachos por décadas —varios de ellos objeto de cuestionamientos públicos por los abultados ingresos que genera el oficio—, la cartera de Justicia puso especial acento en las exigencias de transparencia para la designación de suplentes interinos. Al respecto, el instructivo de la cartera recalcó que “la consecución del interés público involucrado en los procesos de nombramiento de los órganos de fe pública demanda resguardar los más altos estándares de idoneidad, transparencia, mérito e integridad en la selección de quienes asumirán la conducción interina de dichos despachos”.
Para viabilizar este mandato, en aquellos casos donde los titulares salientes no hayan presentado la nómina legal de tres abogados candidatos para la suplencia, el instructivo fijó que “la proposición del abogado reemplazante le corresponde realizarla directamente al fiscal judicial respectivo dentro del plazo legal de dos días hábiles”.
Junto con la asignación de reemplazos temporales, el Gobierno encomendó a las fiscalías judiciales de las Cortes de Apelaciones un rol activo en la recepción de las notarías y conservadurías. En el texto, el Ministerio de Justicia solicitó expresamente disponer las medidas de supervisión necesarias para “velar por el estricto cumplimiento de esta normativa. Lo anterior abarca especialmente la fiscalización y garantía del efectivo e íntegro traspaso del cargo por parte de los funcionarios salientes -incluyendo la entrega de todos los registros públicos en papel y formato electrónico, repositorios, bases de datos y documentación del despacho el día en que deba asumir el interino (…), así como requerir y supervisar la práctica de las auditorías externas previas al abandono del oficio que exige la ley”.
Concursos desiertos, el modelo del Servicio Civil y las impugnaciones cautelares
En paralelo a la cobertura de las vacancias interinas, el Ministerio de Justicia alista el envío al Servicio Civil (organismo encabezado por Pedro Lea-Plaza) de los 35 perfiles correspondientes a los oficios que quedarán acéfalos. De esta forma, la entidad acumulará 65 perfiles listos para convocar a concursos públicos ordinarios, dejando atrás el histórico modelo de designación dependiente de las influencias en las cortes.
Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo sistema no ha estado exenta de tropiezos técnicos. Tras declararse desierto por segunda vez consecutiva el concurso para la Décima Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago, donde de 137 postulantes solo dos aprobaron las pruebas de conocimientos y destrezas,, el ministro Rabat enfatizó la necesidad de elevar la preparación académica de los aspirantes. “¿Por qué es importante estudiar? Porque los notarios son ministros de fe pública y, por lo tanto, tienen que estar preparados”, advirtió la autoridad.
Mientras la División Judicial del Ministerio de Justicia afina los detalles del despliegue del 2 de octubre, las autoridades mantienen la mirada puesta en las acciones judiciales interpuestas por un grupo de titulares salientes que buscan congelar la norma. La arremetida cautelar es liderada ante el Tribunal Constitucional y en la sede civil por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, junto a las presentaciones formuladas por la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery (76); el conservador de Pozo Almonte, Enso González (80); y las notarias Linda Bosch y Lidia Chahuán.
