En el marco de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast centró gran parte de su alocución en el eje de seguridad y el fortalecimiento de la institucionalidad judicial. El Mandatario destacó una baja preliminar en la cifra de homicidios al 31 de mayo ,registrando 378 víctimas frente a las 444 del año anterior, señalando que, aunque los números siguen siendo altos, se empieza a consolidar una tendencia.
Uno de los anuncios centrales fue la creación de siete Fuerzas de Tarea bajo el liderazgo de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad Pública. Estas unidades buscarán coordinar las capacidades de las policías, el Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores para enfrentar amenazas específicas como fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur. El objetivo, según el Mandatario, es pasar de una respuesta fragmentada a una “ofensiva coordinada” con metas mensuales. El Presidente anunció la intervención en 50 barrios críticos a lo largo del país.
Agenda legislativa y control de incivilidades
A partir de este martes, el Ejecutivo desplegará una agenda legislativa que contempla dar urgencia al proyecto que aumenta el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, además de reforzar las facultades autónomas de las policías. El paquete de medidas también incluye sanciones para encapuchados y una “guerra total” al crimen organizado mediante la ampliación drástica de las penas por asociación delictiva y criminal.
En materia de orden público, el Presidente anunció el ingreso de un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades. Esta herramienta permitirá que quienes atenten contra Carabineros, personal de salud o monumentos nacionales, entre otros ilícitos, respondan por sus actos con la pérdida de beneficios sociales como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o subsidios de arriendo. La misma sanción se aplicará para conductas tipificadas como incivilidades, tales como el consumo de drogas en la vía pública o el rayado de propiedad pública y privada.
Gendarmería y el sistema penitenciario
Respecto al sistema carcelario, el Mandatario confirmó que Gendarmería de Chile ha comenzado su transición para depender del Ministerio de Seguridad, transformándose en un “cuerpo armado de excelencia”. En los próximos días se iniciará el fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad para evitar que los líderes de bandas criminales operen desde el interior de los penales.
Asimismo, se puso en marcha el Plan de Infraestructura Penitenciaria con horizonte al 2030, el cual contempla la creación inicial de 20 mil nuevas plazas para disminuir el hacinamiento. Este modelo buscará combinar la máxima seguridad con programas de reinserción en alianza con el sector privado.
Probidad e integridad pública
En el ámbito de la transparencia y la persecución de la corrupción, el Jefe de Estado informó sobre el Plan de Inspección Total que detectó patrones anómalos en 500 servicios públicos. En particular, mencionó la gravedad del caso JUNAEB por pagos irregulares de raciones no entregadas.
Para agilizar la sanción de faltas administrativas, el Gobierno creó una Fuerza de Tarea Legal con abogados dedicados exclusivamente a cerrar los sumarios por uso fraudulento de licencias médicas en el sector público, proceso que ya cuenta con más de 25 mil investigaciones instruidas. Finalmente, anunció que en las próximas semanas se presentará el proyecto de ley para la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica.
