El Ejecutivo ingresó al Senado, con suma urgencia, una ambiciosa reforma constitucional que busca rediseñar el combate a las mafias. Entre las medidas clave destacan la creación de regímenes penitenciarios especiales, la inhabilitación perpetua para cargos públicos y la pérdida de prestaciones sociales por 15 años para los condenados.
En un movimiento que busca dar un giro de timón en la política de persecución penal, el Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado el proyecto de reforma constitucional que encabeza la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa, tramitada con suma urgencia —lo que otorga un plazo de 15 días para su discusión—, propone ocho modificaciones estructurales a la Carta Fundamental con el objetivo de elevar el estándar de seguridad pública a un rango de deber estatal explícito.
El mensaje presidencial enfatiza que la protección de la población frente a las bandas organizadas no es una opción, sino una función “connatural e indelegable del Estado”. Para ello, la reforma no solo amplía las facultades del Mandatario, sino que establece un castigo administrativo y social que trasciende la privación de libertad, apuntando a lo que algunos sectores ya describen como una restricción civil profunda para quienes integren estructuras criminales.
El cerco intramuros y la pérdida de derechos sociales
Uno de los pilares más polémicos y robustos del proyecto es la creación de un nuevo artículo 9° bis. Este acápite faculta a una ley de quórum calificado para establecer penas y medidas especiales contra el terrorismo y el crimen organizado, ordenando a Gendarmería la implementación de regímenes penitenciarios diferenciados.
Bajo este nuevo esquema, los condenados verán restringidas sus comunicaciones, visitas y traslados, especialmente cuando sea necesario impedir que sigan dirigiendo actividades ilícitas desde el interior de los recintos. El rigor de la norma se extiende al post-cumplimiento: los sentenciados quedarán inhabilitados por 15 años para acceder a prestaciones estatales financiadas con recursos públicos en materias de salud, educación y seguridad social. Además, para quienes pertenezcan al crimen organizado, se establece una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas o beneficios penitenciarios por una década y media.
Registros criminales y la nueva facultad presidencial
En el ámbito procesal, la reforma introduce la posibilidad de crear registros oficiales de organizaciones criminales. Aunque el texto aclara que el Ministerio Público seguirá obligado a acreditar la participación individual de cada imputado, la inclusión de una banda en este catastro producirá efectos automáticos en la determinación de la responsabilidad penal de sus miembros.
Complementariamente, se otorga al Presidente la atribución de declarar, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, que una agrupación constituye una organización terrorista. No obstante, este poder tendrá un contrapeso legislativo: el Senado deberá ratificar dicha declaración en sesión secreta, con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio, en un plazo máximo de cinco días.
El nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública
Finalmente, el Ejecutivo propone la creación de una quinta herramienta de emergencia: el Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. Esta figura podrá activarse ante “amenazas graves e inminentes” y tendrá una duración de hasta 120 días, prorrogables una vez por el Presidente y, en lo sucesivo, con acuerdo del Congreso.
Durante su vigencia, la autoridad podrá restringir libertades fundamentales de locomoción y reunión, pero también tendrá facultades intrusivas de alto impacto, como la intercepción y registro de comunicaciones, la restricción del derecho de asociación y la requisición de bienes. Según el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el objetivo es que el Estado no deba demostrar la existencia de una organización criminal cada vez que enfrenta a sus miembros en el estrado, consolidando un mandato constitucional de protección mucho más ágil y severo.
