Créditos Imagen : Corte Penal Internacional
El abogado Juan Carlos Manríquez, presidente del Comité de Asesoria Legal y Focal Point para Latinoamérica y el Caribe de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional, explicó los alcances de la orden decretada por el tribunal internacional y los hechos por cuales está siendo perseguido.
Luego que este viernes la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien es presidente del Comité Jurídico de la CPI y actualmente “Focal Point” o punto de contacto de sus actividades para Latinoamérica y El Caribe, explicó los alcances de la orden decretada por el tribunal internacional y los hechos por cuales el mandatario está siendo perseguido
“La Corte Penal Internacional, tras petición de la fiscalía del mismo órgano internacional, dirigido por el jurista Karim Khan, ha obtenido de los jueces, autorización para despachar orden de arresto en contra de Vladimir Putin. De esta manera, se puede dar inicio a una primera fase formal de una investigación por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, y otros que sean de competencia del estatuto de Roma”, dijo, agregando que “esto demuestra -una vez más- que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y sus órganos, actúan seriamente en todas partes del mundo”.
Asimismo, aseguró que “es una muestra de lo que se llama el principio de complementariedad, es decir, aquellos casos en los cuales no es estrictamente necesario esperar que se agote la vía interna judicial cuando ésta, en realidad, no opera, es un remedo o es solo una apariencia, y en consecuencia, podría no haber en un tiempo oportuno y razonable ni un remedio efectivo en la jurisdicción interna”.
Respecto a los hechos que motivaron la decisión del tribunal internacional, Manríquez explicó que “la causa principal dice relación con lo que se ha llamado el proceso de rusificación de los menores en Ucrania, que han salido regular o irregularmente a través de corredores para ser adoptados o bien, recibidos por la comunidad internacional para poder ser adoctrinados o captados como futuros aliados de Rusia, lo cual constituye otra forma de dominación respecto de Ucrania”.
De acuerdo a la resolución de la CPI, Putin “es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia”, aseverando que “los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022”.
