Un grupo de abogados penalistas, liderado por Mario Vargas y Jorge Martínez, junto al ex general subdirector de Carabineros Julio Pineda, impulsaron la iniciativa que busca asesorar jurídicamente –y de manera gratuita- a uniformados investigados penalmente y a quienes han sufrido agresiones durante manifestaciones.
Un grupo de diez abogados penalistas, anunciaron la creación de una Unidad Jurídica dedicada a asesorar legalmente a Carabineros, de manera gratuita.
Se trata de Defensa Carabineros (DEFCAR), una iniciativa liderada por el ex defensor público Mario Vargas Cociña; el ex general subdirector de Carabineros Julio Pineda; y el abogado penalista y magister de la Universidad de Heidelberg y Abo Akademi en Derechos Humanos, Jorge Martínez Cornejo.
El proyecto, según explican, busca entregar representación legal a aquellos uniformados que han sido imputados en el marco de las movilizaciones sociales en el país, y también a aquellos que han sufrido graves lesiones en este escenario.
Según explica Vargas, el equipo –al que también se sumaron los abogados Gonzalo Vial y Andrés Sutil- es el resultado de una constante preocupación que nació el 18 de octubre pasado, cuando estalló la crisis social. “Las manifestaciones han generado muchas víctimas, entre ellas, personal de Carabineros. Hay más de dos mil lesionados que fueron agredidos tratando de mantener el orden público, y otros que siguen siendo maltratados en la calle y que tienen la incertidumbre que, ante cualquier imputación, no tendrán la posibilidad de defenderse, con los costos económicos, personales y profesionales que eso genera, y ante esa inquietud, nosotros, un grupo de abogados profesionales y ex carabineros, decidimos brindarles este apoyo”.
Por su parte, Julio Pineda explica que “estar en operaciones policiales, en el lugar donde se desarrolla la violencia es muy diferente, porque un carabinero está sometido a una presión tremenda”.
“Desafortunadamente -muchas veces- los carabineros no tienen los recursos para asesorarse legalmente y tener una defensa como corresponde, aun cuando la institución haga sus mayores esfuerzos, quedando completamente solo”.
Jorge Martínez, en tanto, agrega que la iniciativa pretende “dar seguridad al personal de Carabineros de Chile cuando su actuar se ha apegado a la Constitución y a la Ley, defendiéndolos –sobre todo- en el ámbito de los derechos humanos”.
“Queremos darle la seguridad y fortaleza que ellos necesitan”, insiste el abogado, apuntando a que “buscamos que todos los uniformados tengan la tranquilidad respecto a que, si se produce una acción penal en contra de ellos, van a tener asesoría de calidad y sin costo para ellos, para asegurarles un debido proceso en Chile conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma ”.
Por último, afirma la iniciativa nace “de una preocupación que la Institución expuso hacia el mundo privado, por ello, nosotros recogimos esa inquietud y la materializamos en este grupo de personas”.
Equipo multidisciplinario
El proyecto se trata de una idea autofinanciada y no solo contempla un equipo de abogados penalistas y expertos en derechos humanos, también cuenta con un grupo de peritos y psicólogos a cargo de atención a las víctimas y sus familias “porque se trata de procesos traumáticos que deben ser abordados en conjunto ya que este tipo de situaciones daña a la persona y a todo su entorno”, menciona Mario Vargas.
Y Martínez agrega al respecto que existen varios casos en los cuales se han vulnerado los derechos humanos de Carabineros, enfatizando que ellos “actúan sobre la base de un mandato legal y -en los primeros días de la crisis, cuando se implementó el Estado de Emergencia, a Carabineros se le extendieron las facultades legales para poder actuar, haciendo uso de la fuerza pública de forma racional y proporcional”.
“Pero el gobierno cometió el tremendo error de sacarle el piso a sus policías al comienzo de la crisis, temiendo a que se habrían cometido excesos y violaciones a los derechos humanos. Y por esa razón es que nuestro aporte concreto es tratar de demostrar este error ante la justicia chilena, tribunal competente conforme al principio de complementariedad que rige esta disciplina internacional, vamos a probar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha actuado con un sesgo y fuera de las facultades legales. Y Evidentemente los derechos humanos individuales de cada policía también deben ser protegidos en situaciones de crisis extrema como es el estallido social que hemos vivido”, puntualiza.
Actualmente, el equipo está a cargo de representar a los tres carabineros que fueron atacados por una turba en la comuna de Recoleta mientras se encontraban al interior de una radiopatrulla, en la presentación de querellas contra quienes resulten responsables; y asumieron la defensa del mayor de Carabineros Humberto Tapia, acusado de disparar al interior del Liceo 7 Teresa Prats, y quien fue formalizado por el delito de apremios.
