Documento analizó, entre otras áreas, la infraestructura, el personal y la salud mental.
El presidente de la Corte Suprema, ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, recibió ayer –miércoles 4 de mayo– la cuenta del “Informe Nacional de Visitas a Hogares y Residencias de Protección Red SENAME/ Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y privados”, correspondiente al segundo semestre de 2021.
El informe fue remitido por el ministro encargado de Asuntos de Familia de la Corte Suprema, Diego Simpértigue Limare, y corresponde al documento que se elabora de acuerdo al Acta 37-2014 del máximo tribunal.
En el documento de 287 páginas, se da cuenta de las visitas que realizaron a esos centros para atender menores y los principales hallazgos que se realizaron. Y si bien hay áreas en que hay avances, existen falencias que persisten.
“El análisis de las visitas efectuadas este semestre, como primer elemento nos permite establecer que el promedio de instituciones residenciales, que en el período se encontraban vigentes y en funcionamiento corresponde a 301, considerando en este número también todos los recintos penitenciarios femeninos, en los que se informa, por parte de Gendarmería, que está disponible el Programas Creciendo Juntos (30), el hospital Carlos Cisternas de Calama, la Comunidad Terapéutica Puertas Abiertas, con sus dos sedes ubicadas en la jurisdicción de Santiago y el Albergue Red Calle Niños de San Miguel, más todas aquellas residencias que a la fecha no se encuentran vigentes, pero que al momento de la visita se encontraban en funcionamiento”, indica el documento.
Agrega que “se advierte que 284 centros fueron visitados dentro del periodo, correspondiendo esto al 94% del total. Dejar constancia en este mismo sentido que 17 centros no cuentan con visita este período, representando el 6%. En su totalidad, los 17 no visitados corresponden a recintos penitenciarios femeninos, que en teoría cuentan, según lo informado por Gendarmería, con el Programa Creciendo Juntos, pero que en la práctica se constata que no está operando la sección para madres e hijos, o bien no existen medidas de protección vigentes que digan relación con algún lactante junto a su madre recluida en centro penitenciario del país razón por la cual, no fue visitado dicho reciento. Destacar que a la fecha de revisión de los antecedentes todas las fichas de visitas a residencias se encontraban adecuadamente ingresadas en el sistema informático de tramitación de tribunales de familia (SITFA)”.
A modo se hallazgos, el informe señala que “una vez más se destaca la habilitación de espacios de aislamiento para la estadía de los contagios por COVID y la implementación de zonas de seguridad para todos los residentes, visitantes y personal de trabajo a quienes además, en algunas residencias, se les ha habilitado espacios para desinfección de manos y ropa en su tránsito por la residencia. Igualmente este segundo año de pandemia se advierte flexibilización en relación a las normas sanitarias comparadas con el periodo anterior”.
Añaden que “una vez más llama la atención, que se identifique y registre en las observaciones que las Residencias Familiares de Administración Directa del SENAME – Mejor Niñez se encuentren con notables deterioros e importantes mermas en el mobiliario e infraestructura producto del maltrato que se les da”.
El documento también da cuenta de que “nuevamente se han detectado residencias que no cuentan con las condiciones adecuadas para llevar a cabo las visitas con familia en un ambiente protegido. Consignan las duplas en sus observaciones que las residencias tendrían la necesidad de mejorar los espacios para realizar actividades tanto al interior de sus dependencias, como al aire libre”.
En este sentido, aseguran que “persisten las indicaciones de falta de seguridad en las dependencias de estas residencias, exponiendo a los NNA a situaciones complejas que pudieran evitarse implementando mayores y mejores medidas principalmente en lo que al perímetro de ubicación de la residencia refiere. Destacan una vez más de manera favorable aquellas residencias en las que se han implementado sistemas de vigilancias que incluyen cámaras, las que posibilitan grabación del perímetro en el cual se emplaza el recinto”.
Respecto al personal, el análisis concluye que “persisten indicaciones en los registros sobre el personal contratado poco calificado para la atención de los NNA, con baja preparación. Por ello se deja registro de la necesidad de capacitaciones para todos los funcionarios de las residencias, en especial en temas sensibles como intervención en crisis y manejo de la misma, atención a grupos vulnerables, orientación sexual y diversidad sexual”.
Asimismo, aseguran que “ligado a lo anterior, considerando las características particulares de algunos NNA en torno a la identificación de género, desarrollo de la sexualidad, control de impulsos, se insiste en la necesidad de generar planes y políticas institucionales de intervención en temática referidas a estas áreas y poder especializar el trabajo”.
Otro ítem abordado fue la salud mental: “La temática de salud mental es recurrente. La implementación de una residencia especializada (RAE) no satisface las demandas del territorio nacional. Una vez más las observaciones dan cuenta de la necesidad de atención especializada para el segmento de la población infanto-juvenil que presenta alguna patología que compromete su salud mental. Las jurisdicciones refieren la urgencia de implementar este servicio con las prestaciones y coordinaciones adecuadas para cubrir esta necesidad, teniendo presente que se ha fragilizado aún más el estado psico-emocional de los residentes producto de la pandemia. Sumar a lo anterior que las residencias no cuentan con planes que permitan manejo de tanto tiempo disponible de los sujetos residentes y no poseen planificación de contingencia que permita sortear la ausencia de actividades académicas presenciales”.
Y en esta misma línea, concluyen que “resultan significativas las menciones obtenidas de las fichas y planillas de visitas, a lo largo del país, que exponen la ausencia de cobertura especializada para atención en salud mental de los NNA. En este periodo, además de escribirse falta de psicólogo en las residencias, se da cuenta de las dificultades y/o escases de horas psiquiátricas para intervenciones de NNA con problemáticas psicopatológicas de alta y mediana complejidad.
