Ante la presentación de acusación constitucional contra ministro de la Corte de Santiago la ministra Gloria Ana Chevesich dijo que el Poder Judicial respeta las facultades de otros poderes el Estado, pero hizo un llamado al buen trato recíproco.
La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich enfatizó que el Poder Judicial respeta el ejercicio de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, pero hizo un llamado a mantener un trato respetuoso entre los poderes para una democracia plena.
La autoridad – que acompañó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, al Congreso a exponer el presupuesto 2026 para el Poder Judicial- se refirió a la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, en los momentos previos a que esta se presentara efectivamente.
En sus declaraciones, la ministra Chevesich subrayó que la Cámara de Diputados, en este caso, está ejerciendo una facultad constitucional y que el Poder Judicial es respetuoso de ello, esperando el mérito y la conducción del proceso conforme a los canales establecidos en la Carta Fundamental.
“La Corte Suprema en particular y el Poder Judicial en general es muy respetuoso de las otras instituciones, de los otros poderes del Estado y todas las personas que conforman los otros poderes del Estado. Y por lo tanto, el ejercicio de las facultades por cada una de ellas está en su derecho,” afirmó.
Junto con destacar el respeto institucional, la ministra Chevesich hizo un llamado a la reciprocidad en el trato entre los poderes. “Con todo, como hemos sido muy respetuosos, también creo que debería aplicar la reciprocidad, o sea, que no haya un ataque frontal a determinados ministros, sino que se actúe dentro del marco de la Constitución y las leyes,” manifestó.
“Exigimos reciprocidad. Eso significa que haya un buen trato, un buen ambiente, una buena disposición respecto a los otros poderes del Estado,” enfatizó.
Finalmente, la ministra Gloria Ana Chevesich puntualizó que el respeto respecto de todas las personas que ejercen funciones públicas es fundamental para el desarrollo de una democracia plena y libre en el país.
