El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó la ceremonia solemne en que el Pleno del máximo tribunal entregó títulos póstumos a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
En la ocasión, se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, y a los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda quienes obtuvieron el grado de licenciado póstumo en ciencias jurídicas otorgado por Resolución Exenta N°0438, de fecha 29 de marzo de 2018, de la Universidad de Chile, y Marcos Orlando Letelier del Solar quien obtuvo el grado de licenciado en la Universidad de Chile el año 1958.
El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera en expediente una solicitud conjunta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Colegio de Abogados de Chile A.G., encabezada por la Comisión de Derechos Humanos de la Orden, en un primer momento bajo el impulso de la ex consejera Paulina Vodanovic Rojas y luego de su actual presidenta, Macarena Carvallo Silva.
La moción, aprobada de forma unánime por el Consejo General de la Orden se fundamentó en que el Estado de Chile está obligado jurídicamente en virtud de Tratados Internacionales a la promoción, protección y reparación a las víctimas de graves violaciones de sus derechos humanos. Este homenaje es una manifestación concreta de la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad en forma de reparación simbólica a los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto.
La consejera Carvallo destacó el camino recorrido, desde el año 2019, para llegar hasta esta ceremonia; “Estos actos de reparación y reconocimiento son necesarios para, en parte, aliviar el dolor que significó para las familias la pérdida de un ser querido y para no olvidar que el respeto de los derechos humanos es un valor esencial en nuestra sociedad”, sostuvo.
A la ceremonia, asistieron la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar; el Subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón, el Presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza Zúñiga; el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano; Consuelo Contreras Largo Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Pablo Ruiz-Tagle Vial Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira Matus, entre otras autoridades, junto a familiares de los homenajeados.
El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de esta ceremonia como un gesto de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han sido investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia chilenos; “Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, finalizó.