El máximo tribunal rehusó cursar la dimisión de la magistrada de 73 años, acusada de pagarle por casi dos décadas a una abogada externa para redactar sus sentencias. Frente a la decisión del pleno porteño de no abrir una investigación disciplinaria, los supremos solicitaron un informe y evalúan hacer uso de su superintendencia correctiva para ordenar el inicio de un sumario.
El pleno de la Corte Suprema decidió congelar la renuncia presentada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, solicitando en su lugar un informe explicativo al tribunal de alzada porteño para conocer los motivos por los cuales no se instruyó un sumario disciplinario en su contra. La magistrada, de 73 años, había acompañado a su dimisión un certificado formal que acreditaba que no mantenía investigaciones disciplinarias vigentes en su jurisdicción de origen.
La controversia que rodea a la integrante del tribunal de la Quinta Región se originó tras revelarse que habría pagado durante casi 20 años a una profesional externa para la redacción de sus resoluciones judiciales. Ante la gravedad de los antecedentes, algunos miembros del pleno de la Corte de Valparaíso promovieron la apertura inmediata de un sumario; sin embargo, la posición mayoritaria optó por no acelerar el proceso disciplinario y solicitar únicamente un informe a la magistrada. Según detalló a La Tercera la presidenta del tribunal porteño a Silvana Donoso, dicha medida busca recabar los antecedentes necesarios antes de resolver si existen méritos para una indagatoria formal. En paralelo, la jueza se mantiene alejada de sus funciones tras presentar una licencia médica.
La resolución adoptada por la mayoría de la Corte de Valparaíso fue interpretada en sectores judiciales como un mecanismo dilatorio orientado a otorgar un margen a la magistrada para hacer efectiva su dimisión antes del inicio de un procedimiento disciplinario. De haber sido aceptada la renuncia por el máximo tribunal y visada posteriormente por el Ministerio de Justicia, la carrera judicial de la magistrada habría concluido sin enfrentar un proceso interno. No obstante, al abrirse una investigación disciplinaria, la normativa impide cursar el retiro del cargo.
En el máximo tribunal, la recepción del expediente generó reparos sobre la gestión del caso en el tribunal de origen. Frente a esta coyuntura, los ministros de la Corte Suprema analizan la posibilidad de ejercer su facultad de superintendencia correctiva para instruir de manera directa la apertura de la investigación disciplinaria en la Quinta Región. Desde el tribunal supremo señalaron que el objetivo central de la medida es evitar la impunidad frente a conductas de alta gravedad y enviar una señal inequívoca a la judicatura sobre la prohibición de delegar la redacción de fallos en terceros ajenos al Poder Judicial.
