Con la firma de la presidenta Gloria Ana Chevesich Ruiz, el pleno del máximo tribunal resolvió que el proceso comenzará el miércoles 2 de septiembre de manera reservada. El mecanismo, que se fundamenta en las atribuciones disciplinarias del artículo 80 de la Constitución, ha generado tensión en la magistratura local y reparos por parte de relatores especializados de las Naciones Unidas.
El pleno de la Corte Suprema dio un paso decisivo en la resolución de los expedientes abiertos tras detectar que diversos integrantes del Poder Judicial viajaron al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas. Mediante una resolución dictada el lunes 24 de agosto de 2026, bajo la firma de la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich Ruiz, y de otros 14 magistrados, la judicatura acordó fijar el inicio de los alegatos de estas causas disciplinarias para el próximo miércoles 2 de septiembre.
De acuerdo con los de términos de la resolución, que se tramita bajo el rol AD-803-2025, el tribunal de alzada confeccionará una tabla única para contener todos los procedimientos. Las audiencias se iniciarán diariamente a las 10:30 horas, se extenderán hasta las 18:00 horas y tendrán un carácter estrictamente reservado debido a la sensibilidad de los antecedentes personales de salud que podrían ser ventilados durante el debate. El pleno dispuso además que cada una de las partes contará con un tiempo de 30 minutos para exponer sus argumentos ante el estrado, manteniéndose el derecho a suspender la vista de la causa, circunstancia que trasladará el expediente en cuestión al final de la tabla general. El proceso está destinado a revisar la situación de jueces, ministros, relatores y fiscales judiciales pertenecientes al escalafón primario.
El origen del proceso se remonta a la auditoría interna mediante la cual el máximo tribunal examinó 104 investigaciones disciplinarias instruidas originalmente en las 17 cortes de apelaciones del país. Tras este análisis global, la Suprema resolvió en junio pasado abrir 56 cuadernos de remoción ,iniciados en una primera tanda de 14 expedientes y posteriormente de 42 más, dirigidos contra los funcionarios del Poder Judicial que habrían realizado viajes al exterior en periodos de reposo médico. No obstante, registros del gremio indican que la cifra global de magistrados bajo alguna forma de examen disciplinario por esta materia superaría los 60 funcionarios.
Para encauzar estas destituciones, el tribunal de alzada recurrió a la aplicación de la facultad consagrada en el artículo 80 de la Constitución Política. Esta norma le otorga la superintendencia correctiva para evaluar el “mal comportamiento” y la idoneidad moral de los jueces para permanecer en sus cargos, actuando de forma independiente a las sanciones administrativas previas que hubiesen determinado los tribunales de apelaciones. Esta postura fue defendida activamente por la ministra Gloria Ana Chevesich, quien en junio pasado remarcó que “el bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial”. La magistrada justificó la ofensiva señalando que el Poder Judicial tiene el deber insoslayable de responder “ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura”.
Sin embargo, la tramitación de los cuadernos de remoción ha abierto diversos flancos de resistencia institucional y procesal. Entre los casos más emblemáticos que llegarán al estrado se encuentra el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, cuyo cuaderno disciplinario se originó tras verificarse un viaje realizado a Ecuador en 2022 durante un periodo de reposo médico. En paralelo, el juez de Familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, recurrió ante el Tribunal Constitucional cuestionando la constitucionalidad de las normas aplicadas por la Suprema, logrando que el TC admitiera a trámite su requerimiento y decretara la suspensión temporal de su cuaderno específico mientras se analiza el fondo de su reclamo por eventuales infracciones al debido proceso.
La pugna judicial también ha trascendido las fronteras locales. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó formalmente su preocupación frente a los procedimientos abiertos contra los 56 jueces. La experta internacional advirtió sobre posibles riesgos para la independencia de la judicatura, cuestionando la falta de garantías procesales robustas y la inexistencia de una instancia de apelación posterior que permita revisar las destituciones que decida el pleno del máximo tribunal. Estos cuestionamientos, sumados a los reparos manifestados por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, marcarán el telón de fondo de un debate que se resolverá en jornadas consecutivas a partir de la primera semana de septiembre.
