Corte Suprema exige al Ministerio de Justicia acoger o negar reducción de condena a violador de una menor

Nov 18, 2026 | Actualidad

 La Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia dictada en Valparaíso y determinó que la cartera encabezada por Fernando Rabat debe acoger o rechazar la reducción de condena solicitada por un interno de Limache. El pronunciamiento impacta la estrategia del Ejecutivo de paralizar administrativamente las solicitudes a la espera de la tramitación del proyecto “Nunca más” en el Congreso.

En una resolución dictada el 17 de noviembre de 2026 en la causa rol N° 59893-2026, la Segunda Sala de la Corte Suprema zanjó una controversia procesal de alto impacto político para la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El máximo tribunal confirmó la sentencia del recurso de amparo N° 4622-2026 procedente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, incorporando una declaración imperativa destinada a resolver el fondo de la solicitud.

En concreto, el dictamen establece que la secretaría de Estado deberá, “a la brevedad, acoger o rechazar la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena del amparado conforme lo dispone la Ley N° 19.856 y su reglamento”. La decisión, según reveló ExAnte.cl fue adoptada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, María Cristina Gajardo, Jorge Luis Zepeda, Dinko Franulic y la abogada integrante Pía Tavolari.

El amparo del interno

El origen de la causa responde a la acción de amparo presentada por la representación de Víctor Manuel Alarcón Torres (54 años), un electricista de Villa Alemana condenado en 2024 por el Juzgado de Garantía de esa comuna a la pena de cinco años de presidio como autor de violación reiterada en perjuicio de la hija de su conviviente. Según los antecedentes del expediente, el recluso permaneció privado de libertad en la cárcel de Limache registrando conducta sobresaliente, factor por el cual su defensa sostuvo que debió haber dejado el recinto penal el pasado 26 de octubre, acusando una privación ilegal de libertad ante la falta de dictación del decreto administrativo respectivo.

Al concurrir ante los tribunales de alzada, el Ministerio de Justicia argumentó que ni la Ley N° 19.856 ni su cuerpo reglamentario imponen un plazo perentorio para dictar el acto administrativo que resuelva las solicitudes de rebaja. Sin embargo, el criterio fijado por la Corte Suprema rechazó la prolongación indefinida del análisis, remarcando el deber institucional de emitir una resolución que acoja o rechace la petición.

El efecto procesal sobre la suspensión decretada por el Ejecutivo

La resolución de la Sala Penal irrumpe directamente sobre la paralización de expedientes anunciada el 23 de octubre por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto a los beneficios tramitados para condenados por delitos sexuales contra menores de 18 años. Aquella medida se adoptó luego de conocerse que la cartera había otorgado 56 rebajas de pena en esas causas, contingencia que derivó en la presentación de una Acusación Constitucional por parte de la oposición.

En las semanas posteriores, el Gobierno extendió la suspensión de estos decretos a la totalidad de los delitos cometidos, proyectando mantener el congelamiento a la espera del debate parlamentario del proyecto de ley “Nunca más”, impulsado por los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN). Al justificar dicho criterio administrativo, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, había señalado públicamente que la decisión regiría “(Esto), hasta que se resuelva cuáles van a ser las personas que estarán acogidas a la ley general y no sólo a la excepción por delitos sexuales contra menores”.

Criterios y divisiones al interior de la Sala Penal

Junto con ordenar el pronunciamiento administrativo, el caso volvió a dejar al descubierto las distintas aproximaciones doctrinales que mantienen los integrantes de la Segunda Sala de la Corte Suprema frente a la aplicación de las modificaciones legales dictadas en 2022. En aquel año, la legislación promulgada por el expresidente Sebastián Piñera excluyó formalmente a los condenados por delitos sexuales contra menores del beneficio de reducción de condenas.

En el desarrollo de la jurisprudencia, el ministro Manuel Valderrama ha encabezado la postura favorable a denegar estos beneficios validando la aplicación retroactiva de la prohibición de 2022, criterio al que han adherido los ministros María Cristina Gajardo y Jorge Zepeda. Por el contrario, el ministro Leopoldo Llanos ha sostenido una línea garantista inclinada a otorgar las rebajas a aquellos reos que acrediten un comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de su condena.

 

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